En la plataforma de Función Pública no hay evidencia de que Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor General de la República, haya presentado sus declaraciones de bienes y rentas y de conflictos de intereses al posesionarse de los cargos más importantes que nutren su hoja de vida, como concejal de La Dorada, presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, procurador regional de Risaralda o secretario de la Comisión Sexta del Senado.
Esas omisiones u olvidos podrían haberle causado problemas disciplinarios por posible desconocimiento del Artículo 122 de la Constitución y al Estatuto Anticorrupción (Ley 90 de 1995 que ordenan que esas declaraciones sean presentadas por los servidores al posesionarse o al retirarse o cuando una autoridad competente lo disponga.
| Lea también: Un político liberal caldense apoyado por Simón Gaviria y Lidio García llega a la Contraloría General
El nuevo jefe del más importante órgano de control fiscal del país no enfrenta hoy apremios judiciales, pero su elección y posesión han estado acechadas el espectro de los cuestionamientos y de las denuncias que, en su mayor parte, han llegado como anónimos a los despachos judiciales.
Los doce inmuebles de Laverde, su esposa y su hija
Los cuestionamientos han convertido también en blancos a su esposa, Olga Lucía Ríos Gaitán, y su hija María Camila que, al lado del hoy Contralor aparecen en los registros de instrumentos públicos como dueños de doce bienes inmuebles -entre apartamentos, casaquintas o lotes con vocación turística y recreacional– que no han sido declarados por fuera de órbita estricta de la DIAN.
A finales de 2024, Rosa Elvira Gómez, procuradora especializada en casos de crecimiento patrimonial injustificado, archivo por falta de méritos una queja contra Laverde que sugería que la masa de bienes conseguidos por él y por familiares suyos estaban relacionados con posibles manejos anómalos desde su cargo en la Comisión Sexta del Senado, encargada de ejercer control y desarrollo legislativo del sector de las comunicaciones.
Las denuncias listaban por lo dos empresas, presuntamente de propiedad de Laverde, a través de las cuales él y su esposa habrían impulsado actividades lucrativas contratando servicios con empresas del sector controlados por aquella célula legislativa.
De una ellas, identificada en los anónimos como Evoluciona Group SAS, no hay huella en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) consultado por el equipo periodístico de Las2Orillas. La que sí aparece es Macala SAS, empresa que haría parte de la sociedad familiar, pero que figura actualmente solo a nombre de Olga Lucía Ríos. Macala, con activos superiores a los mil millones, tiene creciente volumen de negocios con personas naturales que antes fueron contratistas de la Comisión Sexta.
Por esa misma razón la señora del nuevo contralor, nacida en Honda, Tolima, fue blanco de críticas al llegar, al 5 de febrero de 2021, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), como asesora del despacho presidencial. No faltaron las voces que afirmaban que se trataba de un conflicto de intereses derivado de su entorno familiar. Su experiencia laboral previa fue como contratista de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, subdirectora de Servicio al Cliente de Aguas de Manizales, y diferentes cargos y vinculaciones con el SENA, Empocaldas y la ESE Salud Dorada.
Una lupa sobre la familia
El escrutinio sobre ella se hizo más amplio e incluyó posibles antecedentes judiciales. En los registros consultados por Las2Orillas aparece como demandada dentro del proceso penal radicado bajo el número 17001610680120170142800, adelantado inicialmente ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales y posteriormente conocido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales. Se trata de una causa por lesiones personales culposas.
En el desarrollo del proceso se presentó escrito de acusación en su contra y se adelantaron diferentes actuaciones judiciales, incluyendo audiencias de juicio oral y recursos de segunda instancia. Finalmente, el 31 de enero de 2024 se realizó audiencia de preclusión por indemnización total de los perjuicios a la víctima y se dispuso el archivo de las diligencias.
Las denuncias -que hasta ahora no han prosperado- mencionan el nombre de María Camila Laverde, la joven hija del contralor. De acuerdo con los registros de instrumentos públicos, ella adquirió uno de los bienes que figuran a su nombre (el lote Los Almendros) cuando todavía era menor de edad y luego trasladó su dominio a John Freddy Saldaña Leopardo, excandidato a la alcaldía de La Dorada conocido con el sobrenombre de ‘El Mechas. A Saldaña lo identifican los porteños como uno de los hombres más cercanos al congresista Mario Castaño, fallecido después de haber sido juzgado como cabeza de un cartel de contratistas llamado ‘Las marionetas’.
El contralor Laverde no niega que conoció de cerca a Mario Castaño (qepd), pero niega tajantemente cualquier relación con sus negocios turbios.
Su joven hija también aparece en las bases de datos como dueña de un lujoso vehículo Mercedes Benz A-200, que los mismos porteños recuerdan haber visto rodando a toda velocidad por las calles de La Dorada en encuentros de muchachos aficionados a los autos de marca y al lado de un Jaguar.
Las denuncias anónimas no han prosperado en la Procuraduría, la entidad encargada de investigarlo disciplinariamente.
Al despacho de la procuradora Rosa Elvira Gómez también llegó información sobre un supuesto trasiego de dineros de la familia Laverde hacia el exterior. Sin embargo, en las consultas de bases de datos, que incluyeron filtraciones financieras internacionales, no aparece información ligada a los Laverde en los registros Bahamas Leaks, Offshore Leaks, Panama Papers, Pandora Papers ni Paradise Papers. De igual manera, no registra coincidencias en el listado de empresas e individuos inhabilitados ni en el apartado de otras sanciones consultado por la plataforma.
En sus movimientos financieros personales se observa una disminución progresiva del saldo de una deuda que pasa de $339.422.000 en agosto de 2025 a $259.219.000 en julio de 2026, lo que representa una reducción de $80.203.000, equivalente aproximadamente al 23,6 % del saldo registrado al inicio del período. Esta disminución constituye un indicador favorable, dado que evidencia una reducción importante de las obligaciones financieras durante los últimos doce meses.
Actualmente, el sector financiero concentra prácticamente la totalidad del endeudamiento, con un saldo de $259.219.000. Dentro de este sector, la principal obligación corresponde a una cartera de libranza, cuyo saldo actual asciende a $258.831.000, equivalente aproximadamente al 99,9 % del endeudamiento financiero. Esta obligación se encuentra al día, no registra saldo en mora y presenta una cuota mensual de $9.273.000, constituyéndose en el principal compromiso financiero del titular.
Adicionalmente, registra obligaciones correspondientes a tarjetas de crédito, con tres productos reportados, aunque los saldos actuales son considerablemente inferiores frente a la obligación de libranza. Una de estas obligaciones presenta un saldo de $388.000, mientras que las demás no registran saldo pendiente al momento del corte. En conjunto, estas obligaciones representan una participación mínima dentro del endeudamiento total.
En cuanto a las obligaciones crediticias, se identifica una cartera rotativa de BBVA Colombia, con un cupo inicial de $13.500.000, que actualmente registra saldo de $0 y no presenta mora.
FOTO DEL PROCURADOR LAVERDE El recién elegido procurador maneja cuantiosos obligaciones con distintas entidades financieras
También se encuentra una obligación de libranza con BBVA Colombia, cuyo saldo actual asciende a $258.831.000 y es la principal obligación financiera del titular. La obligación presenta una cuota mensual de $9.273.000, se encuentra al día y registra una vigencia desde el año 2022. Este crédito concentra prácticamente la totalidad del endeudamiento actual reportado en el sector financiero.
De acuerdo con la estimación realizada por el reporte, el ingreso mensual del titular se encuentra en un rango entre $21.534.000 como ingreso mínimo estimado y $39.991.000 como ingreso máximo estimado, con un ingreso medio mensual estimado de $30.763.000.
El reporte establece un valor total de cuotas mensuales de $9.438.000, de los cuales $9.273.000 corresponden a la obligación de libranza y $165.000 al sector de telecomunicaciones. Al comparar este valor con los ingresos estimados, la carga mensual de obligaciones representa aproximadamente el 43,8 % del ingreso mínimo estimado de $21.534.000, el 30,7 % del ingreso medio estimado de $30.763.000 y el 23,6 % del ingreso máximo estimado de $39.991.000.
Laverde figura en las bases de datos con la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) https://www.funcionpublica.gov.co/
En particular, se identifica un registro en la estructura de Gobierno, relacionado con el cargo de secretario de Comisión del Senado de la República, con fecha de inicio reportada del 6 de agosto de 2014 y fuente SIGEP de la Función Pública. El reporte señala como fecha de actualización el 27 de agosto de 2025. Y como es una persona expuesta políticamente el nuevo contralor decidió blindarse. Por eso le acaba de dar poder a un reconocido jurista Ricardo Gaviria para que lo represente, llegado el caso, ante los estrados judiciales si las denuncias en su contra insisten en cuestionar sus calidades para dirigir una Contraloría que el ha llamado “la casa de la transparencia”.
