Con dos decretos quedaron por tierra Vega Grabe y Armando Novoa, y empieza la desbanda de los armados para no morir en los anunciados bombardeos
El presidente Abelardo De la Espriella cerró las dos mesas de negociación que había dejado en pie la administración de Gustavo Petro: la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
Lo hizo a través de dos resoluciones, la 390 y la 391 de 2026, que revocan de una sola vez a los negociadores que Petro había nombrado. Una tercera resolución, la 389, ordena el cierre, desde el próximo 30 de septiembre, de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamez, en Putumayo, donde permanecen cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
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Las dos mesas nacieron dentro de la Paz Total, el proyecto con el que Petro intentó abrir diálogos al mismo tiempo con una docena de grupos armados. La del ELN fue la primera. Petro puso al frente a Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y su comisionada de paz, con un equipo que llegó a sumar doce personas: la senadora María José Pizarro, Olga Liliana Silva, el entonces senador Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.
Dicho equipo se reunió con la guerrilla en México y después en Venezuela, bajo la protección de Nicolás Maduro, sin llegar nunca a un acuerdo verificable.
La mesa del ELN fue la que más fracasos acumuló. En enero pasado, una ofensiva del ELN contra disidencias de las FARC en el Catatumbo, con muertos y desplazados, forzó al gobierno a suspender el proceso.
El ELN venía diciendo en público, desde antes, que no firmaría la paz con Petro. Aun así, el gobierno insistió en mantener el canal abierto, mientras los negociadores viajaban una y otra vez para tratar de destrabarlo. En ese tiempo, la guerrilla se expandió en el territorio, sobre todo en la frontera con Venezuela y en el sur de Bolívar.
La mesa con el Clan del Golfo tomó otro rumbo. El primer intento fue en México, pero duró poco: la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y el poco interés del gobierno mexicano en servir de sede para hablar con un grupo que Washington vigila de cerca obligaron a mudar la mesa a Doha, la capital de Catar.
Allí, entre el 14 y el 18 de septiembre de 2025, se instaló formalmente el proceso, llamado Proceso para la Desmovilización del Ejército Gaitanista de Colombia. El gobierno nombró coordinador a Álvaro Jiménez Millán, con María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, Armando Custodio, Víctor Barrera y Águeda Plata en la delegación.
Dicho proceso avanzó más, al menos sobre el papel. Se acordaron pilotos de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó. Además, en diciembre de 2025 el gobierno anunció el inicio de la fase de desmovilización.
Sin embargo, hubo quiebres serios. En febrero, el Clan del Golfo suspendió los diálogos durante dos semanas después de que Petro entregara a Estados Unidos el nombre de su principal cabecilla, alias Chiquito Malo, en medio de una gestión de extradición. Las conversaciones se retomaron solo cuando el Ministerio de Defensa lo sacó de la lista de objetivos de alto valor, una decisión que el propio Jiménez dijo no conocer cuando se le preguntó.
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Con las resoluciones 390 y 391, De la Espriella da por cerrados los dos procesos y saca del cargo a los nombrados por Gustavo Petro. Entre ellos Iván Cepeda, uno de los opositores más duros del nuevo gobierno.
La resolución 389 es distinta: no toca una mesa de diálogo, sino un lugar físico. Ordena cerrar la zona donde, desde el gobierno anterior, vive la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura que se separó de las FARC. El decreto le da al gobierno 5 días hábiles para presentar un plan de transición para los casi 100 subversivos que están ahí.
Detrás de las tres decisiones hay el mismo argumento, que De la Espriella repite desde la campaña: no hay condiciones de confianza ni voluntad real de paz en estos grupos. Para el nuevo mandatario, el único camino es el sometimiento a la justicia, no la negociación política.
El cierre de estas dos mesas se suma a otras medidas con las que el nuevo gobierno ha ido desmontando la Paz Total: el fin de los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y con las Autodefensas Conquistadoras, además de 70 extradiciones en 30 días de gobierno.
