El mismo día que los medios publicaron la información sobre la pérdida de su visa, la senadora Martha Peralta Epiayú consultó las bases de datos de migración de Estados Unidos y encontró que su documento seguía inscrito como vigente.
Sin embargo, no puso en duda los anuncios sobre la decisión del Departamento de Estado en Washington porque sabe bien que su nombre está incluido, desde la época de la campaña electoral, en una lista que el hoy presidente Abelardo De la Espriella le entregaría a Estados Unidos de personas, según él, riesgosas para la democracia.
| Puede interesarle: De esta lista de los 23 señalados por el Tigre en campaña, ya dos se quedaron sin visa ¿Quiénes siguen?
Por eso habla ahora de una “persecución política”, aunque hay dos hechos objetivos que podrían acarrear nuevos problemas. Uno es que, en casos como el suyo, la cancelación de la visa es la antesala de la inclusión en la lista OFAC que le cierra al afectado sus relaciones comerciales con empresas de casi todo el mundo. El otro, el hecho de que proceso en la Corte como presunta vinculada con el escándalo de la UNGR sigue activo.
Dudas sobre el incremento del patrimonio de Peralta
En medio de ese panorama su patrimonio y los bienes que hacen parte de su sociedad conyugal con el médico Manuel Julián Molina Pérez vuelven a quedar bajo el escrutinio público.
Las dudas sobre su patrimonio han ido creciendo al mismo ritmo de los cuestionamientos en su contra. Desde octubre de 2023 comenzaron a lloverle rayos y centellas por la adjudicación de 16 contratos por $75.000.000.000 para la construcción de jagüeyes en La Guajira, de los cuales más del 80 % fueron destinados a un solo municipio (Albania) con supuesta intención electoral.
Los contratos con la empresa de un concuñado ha despertado sospechas
También ha sido cuestionada por posibles conflictos de interés debido a la relación de un concuñado suyo con la empresa MC&I Américas SAS, que durante el pasado gobierno recibió más de 800.000.000 millones en contratos estatales, especialmente en proyectos de energía solar.
MC&I Américas SAS, es una Sociedad por Acciones Simplificada, fundada el 9 de enero de 2020 y con sede en Barranquilla, especializa en el diseño, construcción, supervisión y gerencia de proyectos de energía solar para zonas rurales no interconectadas, así como en la fabricación de componentes eléctricos. Su representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de Peralta.
En 2024, recibió al menos un contrato por más de $800 millones para construir paneles solares con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – AlDesarrollo. También hace parte de un consorcio que obtuvo un contrato cuestionado con la Procuraduría por $9.000 millones, y otra alianza con la Cancillería por $10.000 millones. La empresa facturó entre $5.000 y $10.000 millones en 2023, con un patrimonio neto cercano a los $1.800 millones y una plantilla de unas 45 personas.
La farmacia de su esposo el médico Manuel Julián Molina también ha estado bajo la lupa
Cuando su esposo creó la empresa Farmacia 13 de Mayo S.A.S., dedicada a la distribución de medicamentos, la senadora fue objeto de una demanda de pérdida de investidura por no haber declarado oportunamente un posible conflicto de intereses en su calidad de integrante de una comisión parlamentaria que se ocupa de los temas de la salud. Incluso cuando ella actuó como ponente del proyecto de reforma a la salud.
Las2Orillas verificó que, en agosto de 2022, Ella y su esposo Manuel adquirieron una casa de 160 metros cuadrados, por cerca de $1.000 millones, en la urbanización El Quirinal en Bogotá.
| Puede también interesarle: Las vacaciones de lujo en París de la senadora Martha Peralta
El 17 de diciembre de 2023, Manuel registró a su nombre la compra de una camioneta Toyota Hilux como vehículo personal familiar, aunque no se identifican contratos estatales públicos adjudicados directamente a él.
Martha Isabel Peralta Epieyú figura como titular de siete propiedades inmobiliarias registradas en Bogotá, Riohacha y Barranquilla, con matrículas inmobiliarias correspondientes a cada inmueble. En Bogotá se identifican tres bienes ubicados en las zonas centro y sur de la ciudad; en Riohacha se encontraron dos propiedades —una de ellas sin dirección específica, ubicada en el corregimiento de Monguí— y en Barranquilla se registraron dos unidades en el conjunto Puerto Colombia Altamar Caribe.
Movimientos en sus cuentas también han estado bajo la lupa
En cuanto a sus cuentas, presenta una evolución financiera marcada por una tendencia decreciente en el saldo total de sus obligaciones desde diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2025, se evidenció una caída abrupta en dicho saldo, de $602.594.000 a $503.996.000, lo que representa una disminución cercana a $100.000.000. Según analistas especializados, este ajuste podría obedecer a la cancelación de créditos, pagos extraordinarios o restricciones en el acceso a nuevas líneas de financiación.
En el segundo trimestre de 2025, la reducción fue aún más pronunciada: el saldo total descendió a $330.098.000, lo que implica una disminución adicional de aproximadamente $174.000.000. Sin embargo, no se cuenta con información clara sobre el origen de los recursos que permitieron esta reducción. Paralelamente, se observa un comportamiento relevante en materia de mora: el saldo en mora aumentó de $4.514.000 mil en el último trimestre de 2024 a $5.783.000 en el primer trimestre de 2025, y aunque bajó levemente a $5.028.000 en el segundo trimestre, continúa siendo un indicador de tensión financiera. “Este patrón sugiere que, pese a las disminuciones en el saldo total, las dificultades para cumplir con ciertas obligaciones puntuales persisten”, dijo un experto consultado.
Como persona natural con la matrícula mercantil No. 155264, inscrita el 16 de diciembre de 2019 ante la Cámara de Comercio de La Guajira. Su actividad principal se encontraba clasificada bajo el código CIIU 4773, correspondiente al comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. Adicionalmente, registró un establecimiento con la razón social Beauty Mall, asociado a la matrícula 155265, también en La Guajira.
Sin embargo, tanto la matrícula principal como la del establecimiento fueron canceladas el 7 de mayo de 2024 por motivo de depuración, dado que no se renovaban desde el año 2019.
La justicia ronda la senadora guajira
La congresista no es ajena a los estrados, solo que hasta ahora había acudido a ellos en la calidad de demandante y no de demandada o de sindicada. En los registros judiciales consultados se reflejan sus actuaciones ante despachos judiciales en Bogotá y otras jurisdicciones, en calidad personal y en representación del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS
Los procesos incluyen acciones contra entidades del Estado como la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y autoridades municipales. También se registran intervenciones en causas relacionadas con derechos electorales, laborales, civiles, y acciones de tutela.
El proceso con radicado 11001031500020250164900, radicado el 20 de marzo de 2025 ante el Consejo de Estado – Secretaría General y con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, corresponde a una acción de tutela de primera instancia interpuesta contra la Presidencia de la República, por presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales, en el contexto de una consulta popular, según lo establece el Decreto 1983 de 2017.
El proceso con radicado 23001233300020230016301, tramitado ante el Consejo de Estado con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, corresponde a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que negó la nulidad electoral de la elección de Carina Estela Ruiz Lobo como concejal del municipio de Tierralta, Córdoba, para el periodo 2024-2027.
La pretensión principal giraba en torno a una presunta doble militancia, con base en el artículo 107 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, argumentando que la electa había respaldado públicamente a un candidato de un partido distinto al de su coalición. El 8 de mayo de 2025, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia y negó la nulidad, al no encontrarse acreditado el elemento objetivo de la conducta endilgada.
Ha librado también pugilato contra medios y periodistas cuando se ha sentido injustamente atacada. El proceso con número de radicación 11001418905220250043800 corresponde a una acción de tutela interpuesta por la congresista contra la columnista María Andrea Nieto. Según el historial procesal, la tutela fue radicada el 5 de mayo de 2025, admitida el 6 de mayo y fallada en primera instancia el 16 de mayo. La parte accionante presentó impugnación el 22 de mayo, la cual fue concedida el 27 de mayo, y el fallo en segunda instancia fue allegado el 27 de junio de 2025.
El próximo radicado que se encuentre podría ser el suyo, si la Corte Suprema decide actuar con fundamento en las pruebas que le remitió recientemente la Fiscalía.
