$580 millones a dedo: las dudas del nuevo convenio que firmó la Gobernación de San Andrés
Sin competencia y con anticipo. Así salió el convenio de $580,8 millones que la Gobernación de San Andrés firmó el 13 de noviembre con FONPACÍFICO para escribir la política pública de seguridad y convivencia del archipiélago. El SECOP II lo registra como contratación directa, proceso CV-SSC-0005-2026, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Las cifras
- Aporte de la Gobernación: $528 millones (90,9 %).
- Aporte de FONPACÍFICO: $52,8 millones (9,1 %).
- Anticipo: 40 %, $232.320.000.
- Pagos: 40 %, 40 % y 20 %.
- Fin del convenio: 31 de diciembre de 2026.
El supervisor es el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Bryan Uribe. Por FONPACÍFICO aprobó su representante legal, Jake Steven Realpe Escobar, y por la Gobernación, Charles Ronald Cotes Torres, ambos el mismo 13 de noviembre.
Duda 1: el investigado
En los registros de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación figura una investigación disciplinaria contra Jake Steven Realpe Escobar, en su condición de director ejecutivo de FONPACÍFICO. La Procuraduría Regional de Instrucción del Caquetá notificó por edicto, en septiembre de 2024, el auto de apertura del 8 de mayo de 2024 dentro del expediente IUS E-2024-179287, y en diciembre de 2024 publicó otro edicto sobre un auto del 21 de octubre de 2024 que adicionó esa apertura. Esos registros confirman que la actuación existe, pero no permiten establecer sus conclusiones ni una eventual responsabilidad del investigado, que tiene derecho a la presunción de inocencia.
Duda 2: el historial del fondo
No es la primera vez que el fondo está bajo la lupa. En 2025 la representante a la Cámara Carolina Giraldo denunció supuestas irregularidades en la contratación de FONPACÍFICO y lo describió como un “contratadero todoterreno” con más de 400 contratos en 15 departamentos, según reportaron Semana e Infobae. El medio risaraldense El Expreso ha publicado denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos del fondo en Dosquebradas y Pueblo Rico (Risaralda) y en Neiva, y ha pedido explicaciones a su representante legal. Ninguna de esas denuncias equivale a una condena.
Duda 3: la advertencia del presidente
El convenio llega un mes después de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a la isla. El 18 de octubre, frente a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie, el mandatario afirmó: “Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad”, y advirtió que usaría toda su autoridad “para que no se pierda un peso”, según El Tiempo y Semana. Días después, la Procuraduría abrió dos indagaciones previas sobre contratación en el archipiélago, según El Espectador y El Tiempo.
Quedan preguntas abiertas: qué productos concretos deberá entregar FONPACÍFICO, con qué metodología se construirá la política pública, por qué se escogió la contratación directa y cómo se vigilará el anticipo. Este medio buscará la versión de la Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y de FONPACÍFICO y la publicará cuando la reciba.
Fuentes: SECOP II, proceso CV-SSC-0005-2026; registros de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación; El Tiempo, Semana, El Espectador, Infobae y El Expreso.
