Continúan sanciones a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela
Una vez que se comenzó a consolidar la crisis en Venezuela, muchos han sido los pronunciamientos por parte de representantes internacionales, así como de presidentes de países que han venido repudiando la manera de cómo se gobierna en esta nación, puesto que el deterioro de la situación del país ha menoscabado la democracia y consideran que existe la instauración de una Dictadura.
Desde EE. UU, Canadá, Panamá, la Unión Europea, Estados Asociados hasta Suiza han sumado a la lista funcionarios penalizados internacionalmente, reduciendo de esta manera los beneficios de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Recientemente, la UE nuevamente aplica sanciones, en esta oportunidad la recién nombrada vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y 10 personas más, por considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho.
Entre las sanciones se encuentran la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la unión. En este sentido, establecieron una lista de funcionarios entre los que se encuentran Tareck El Aissami, Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.
Además, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
Es importante destacar que, esta decisión de 28 ministros participantes va enfocada a promover soluciones democráticas que garanticen la estabilidad política del Venezuela y que permitan al país atender las verdaderas y reales necesidades de la población.
