La CIDH presentó su informe sobre lo que está pasando en Colombia en el marco de lo que algunos creen que es la protesta social, y que otros creemos, es un ataque sistemático y criminal de algunos para acabar con las instituciones, sembrar el caos y destruir el tejido empresarial-
No hay que perder de vista que desde el 28 de abril, cuando un sector de la extrema izquierda, decidió alentar unas manifestaciones que empezaron presuntamente porque no estaban de acuerdo con la Reforma tributaria, se dio inicio a una pesadilla que ha golpeado a los más pobres, que se han quedado sin sistemas de transporte público y con alimentos encarecidos por los bloqueos.
La CIDH que parece escuchar por uno de los oídos (izquierdo), en su informe de 48 páginas se despacha en contra del Estado Colombiano y particularmente acusa a la Policía Nacional y al ESMAD que pertenece a esa misma institución, como si fuera una organización que viola de manera sistemática los derechos humanos.
Un ejemplo de la carga que tiene el informe, es que a los bloqueos criminales que produjeron la muerte de dos niños recién nacidos y la imposibilidad del transporte de alimentos y medicamentos, son hechos calificados por la CIDH como “cortes de ruta” cuando se trata de un delito penal, tipificado en el artículo 353 A del Código Penal.
Para la Comisión no hay que seguir calificando los hechos y sus autores con palabras como terrorismo, vandalismo o criminales, como si lo que hicieran bloqueando, quemando, atacando y violando los derechos, fuera algo normal.
Llama la atención que ellos en la CIDH, como defensores de derechos humanos, no haga distinción en los civiles y miembros de la policía afectados por los hechos vandálicos y terroristas, aún cuando con videos, se ha demostrado cómo se atacaba a la Fuerza Pública y a los ciudadanos, por parte de grupos de protestantes.
En el capítulo del informe, sobre violencia de género, la CIDH no dice una sola palabra de la agresión sexual a una mujer de la policía en Cali, por parte de vándalos. ¿por qué?
La tapa resulta ser cuando la CIDH propone la idea de que los ataques a las misiones médicas son producto del accionar de la Fuerza Pública, lo que equivale a señalar al ESMAD y Policía, atacando a las misiones médicas. Absurda afirmación pues jamás hemos visto en Colombia que las fuerzas del orden ataquen ambulancias, como sí lo hicieron sujetos de “primera línea”.
En el informe se documentó el asesinato de tres hombres de la Policía en el marco de las protestas, pero no se toman el trabajo de ahondar en la manera en cómo fueron ultimados los uniformados; al punto que no reconoce que en el caso del agente Carlos Andrés Rincón, este fue secuestrado, torturado y asesinado.
Para terminar, resuelve la Comisión solicitar que se saque a la Policía y el ESMAD del Ministerio de Defensa, asunto que no tiene lugar a solicitarse, pues la CIDH, no puede, ni debe entrometerse en asuntos propios de la soberanía nacional.
La CIDH no tiene jurisdicción para venir a decir lo que les parezca y a juzgar a nuestras instituciones, faltando a la objetividad en su informe.
Ojalá en Colombia tengamos más pronto que tarde, un gobernante del talante de la Senadora María Fernanda Cabal, que abiertamente propone firmeza contra el terrorismo y el vandalismo, que se cobija con la CIDH, sacando como excusa los derechos humanos.