José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá, ha generado controversia al anunciar su decisión de deportar a los migrantes que crucen el tapón del Darién, frontera selvática con Colombia, en su ruta hacia Estados Unidos. Mulino argumenta que el Darién no debe ser una zona de tránsito y se compromete a llevar a cabo las deportaciones respetando los derechos humanos.
La inhóspita selva del Darién ha sido el paso obligado para más de 520,000 personas en 2023, principalmente venezolanos, y más de 110,000 en el primer trimestre del año actual, según cifras oficiales. Este flujo ha generado una presión considerable sobre el gobierno panameño, que se ve obligado a destinar recursos para asistir a los migrantes.
En un acto donde la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo 2024-2029, Mulino reiteró su compromiso de repatriar a los migrantes con ayuda internacional, pero enfatizó en que esto se hará con total respeto a los derechos humanos.
El presidente electo había anunciado previamente su intención de “cerrar” el Darién durante su campaña, afirmando que cualquier persona que llegue a Panamá será devuelta a su país de origen. Mulino, de ideología derechista, reiteró que el Darién no es una ruta de tránsito y que debe protegerse como frontera del país.
Este anuncio ocurre en un contexto donde la migración es un tema clave a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden enfrenta críticas por su gestión de la crisis migratoria. Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, anunció recientemente una inversión de 578 millones de dólares en ayuda para América Latina, así como sanciones para quienes faciliten la migración irregular.
La decisión de Mulino genera preocupación por el destino de los migrantes, quienes enfrentan numerosos peligros durante su travesía por la selva del Darién, incluyendo la violencia de bandas criminales que operan en la zona. La comunidad internacional sigue de cerca esta situación y espera que las deportaciones se realicen respetando los derechos y la seguridad de los migrantes.
