Durante casi 20 años, Riohacha pagó por una “celda transitoria” sin licencia. Desde 2017 el costo pasó a los usuarios. Urgen auditoría, veeduría y transparencia
Durante casi veinte años, Riohacha pagó por enterrar su basura en un lugar que nunca fue, legalmente, un relleno sanitario.
No es una acusación. Es lo que se desprende de una reclamación oficial que la Procuraduría General de la Nación presentó el pasado 29 de julio, tras revisar la historia completa de la disposición final de residuos en el Distrito. Y lo que encontró debería obligarnos a mirar mucho más allá de las calles.
Una palabra que se traicionó a sí misma: “transitoria”
En 2007, mediante el Contrato de Concesión 036, el entonces municipio de Riohacha le entregó a Interaseo el servicio de aseo y una celda transitoria para disponer los residuos mientras se construía una solución definitiva.
Transitoria. Esa era la palabra.
El predio correspondía al antiguo botadero a cielo abierto de la ciudad, sometido desde 2005 a un plan de cierre y restauración ambiental. Ese acto administrativo, según la Procuraduría, jamás autorizó operar allí un relleno sanitario.
En 2015 apareció una salida real: Corpoguajira otorgó licencia para construir un nuevo relleno en otro predio. El proyecto nunca se construyó. Riohacha siguió dependiendo de la celda transitoria.
En 2018 el propio Distrito certificó que no contaba con un relleno sanitario licenciado. Ese año la Superintendencia de Servicios Públicos ya identificaba el sitio como “Celda Transitoria de Riohacha”, con una vida útil inferior a tres años. En 2019 seguía siendo transitoria, y luego pasó a llamarse “celda de contingencia”.
Casi veinte años y esa palabra “transitoria” nunca dejó de ser cierta. El problema es que nadie actuó como si lo fuera.
De un problema ambiental a un problema económico
Hasta acá, la historia es sobre dónde terminó la basura. Pero ahora viene la parte que de verdad nos toca el bolsillo: quién pagó por eso, y si tenía derecho a cobrárnoslo.
La Resolución 1890 de 2011 era clara: si la disposición final no se hacía en un relleno debidamente licenciado, esos costos no podían trasladarse a la tarifa de los usuarios.
Aun así, en febrero de 2017 Interaseo le preguntó al Ministerio de Vivienda si podía cobrarle ese componente directamente a los ciudadanos. El Ministerio respondió que sí.
El detalle que cambia todo: ese concepto no era vinculante. No era una autorización con fuerza de ley. Era una opinión.
Según la Procuraduría, esa opinión terminó siendo el fundamento que usó Interaseo para dejar de reclamarle al Distrito el costo de disposición final y empezar a cobrárselo a los usuarios en su factura de aseo.
Es decir: la responsabilidad económica se movió del contrato hacia el bolsillo de los riohacheros, apoyada en un documento que no tenía el peso legal para sostener ese cambio.
¿Cuánto pagamos por algo que nunca fue definitivo?
Antes de 2017, Interaseo le cobraba esos costos al Distrito. Dos laudos arbitrales, de 2015 y 2018, condenaron al municipio y luego al Distrito a pagarle a la empresa cerca de $9.661 millones y $11.576 millones respectivamente.
Después, sin que cambiara la realidad técnica del sitio seguía siendo una celda transitoria, no un relleno licenciado cambió quién pagaba: ya no era el Distrito, eran los usuarios.
La Procuraduría no ha fijado todavía una cifra definitiva de cuánto se cobró indebidamente. Por eso mismo, Riohacha necesita algo que hasta ahora nadie ha hecho: una revisión pública, verificable y auditable de esas facturas, período por período.
No es solo Interaseo
La reclamación no señala a un único responsable. Le pide explicaciones a Interaseo, pero también:
Cuestiona la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Pide revisar el papel de Corpoguajira.
Exige al Ministerio de Vivienda rectificar el concepto jurídico de 2017.
Ordena al Distrito incluir esta controversia en la liquidación del contrato de concesión, y no otorgar paz y salvo mientras no estén claras las obligaciones con los usuarios.
Pide al Concejo Distrital exigir información completa sobre esta liquidación antes de autorizar cualquier nuevo esquema de aseo.
Cinco instituciones distintas, un mismo silencio compartido durante casi dos décadas.
La lección que Riohacha no puede volver a saltarse
No podemos resolver el problema del aseo firmando otro contrato y empezando otra historia, como si la anterior no hubiera dejado preguntas sin responder.
Antes del próximo contrato, hay que responder el anterior:
¿Qué se contrató? ¿Qué se construyó? ¿Qué nunca se construyó? ¿Qué se cobró? ¿Qué se pagó? ¿Quién vigiló? ¿Quién debe responder?
Esto no es una pelea política. Es una defensa básica del ciudadano: el derecho a saber qué está pagando y por qué.
Y si al final de esa revisión se confirma que hubo cobros que no correspondían, también existe otro derecho: que ese dinero regrese.
La basura desaparece de nuestras casas. La responsabilidad, no.
Riohacha lleva veinte años enterrando este problema en lugar de resolverlo. La pregunta ya no es dónde vamos a poner la basura mañana.
La pregunta es cuánto dinero pagaron los riohacheros, durante casi dos décadas, por una solución que la propia autoridad nunca dejó de llamar transitoria.
Esa respuesta no puede quedar enterrada. Los ciudadanos tenemos derecho a exigirla.
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