El lunes 24 agosto, un día antes de la posesión de su sucesor, el contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez produjo una decisión que causó molestia y preocupación entre varios de sus funcionarios y encendió alarmas entre organizaciones ciudadanas que trabajan en el frente de la lucha anticorrupción.
De un brochazo, mediante una resolución ordinaria, sacó de la nómina de la entidad a 341 servidores que tenían a su cargo en todo el país la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías que maneja recursos por $32 billones, una cifra que comparativamente equivale al dinero que, según el presidente Abelardo de La Espriella, hace falta para reconstruir las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto.
Los hombres y mujeres que tenían a cargo esa sensible misión dejarán sus empleos a partir del primero de septiembre. Como actos administrativos anteriores disponían que su trabajo en provisionalidad iría hasta el último día de 2026, se abre un vacío de cuatro meses en los que los equipos encargados de velar por integridad presupuestal no dispondrán de los ojos suficientes.
El Contralor Rodríguez quiso anticiparse a las críticas y raros y en el fundamento de su resolución asegura que los recursos para sostener esa nómina resultan insuficientes en una época en la que la austeridad es un mandato.
Los recursos de regalías, que pertenecen a los departamentos y a los municipios requieren una vigilancia especializada en momentos en que parecen campear los malos manejos en los proyectos con cargo a las bolsas de regalías, consideradas un botín para fundaciones y organizaciones de economía mixta convertidas en “contrataderos” por su habilidad para hacerles el quite a las normas de contratación pública.
Según funcionarios victimas de la barrida y críticos de la decisión, el debate no puede reducirse a un problema presupuestal, sino que debe girar alrededor de esta pregunta: ¿Cómo gana la Contraloría la cobertura, capacidad técnica y continuidad del control fiscal sobre esos recursos?
La coyuntura parece desfavorable a una decisión que, de todas maneras, es celebrada en círculos políticos porque deja importantes espacios burocráticos para que el nuevo contralor pueda cumplir compromisos derivados de su elección casi unánime en el Congreso.
La realidad que impera en el mundo de los proyectos de las regalías, amenazados por intereses oscuros a su alrededor, lleva a insistir en que la vigilancia de sus recursos -insuficiente de por sí- quedará menguada a extremo por la poda en la nómina de la Contraloría. La siguiente es una triste antología de historias protagonizadas por actores del sistema.
Los ‘genios’ de la contratación
Ramiro González Mancilla, alcalde del municipio bolivarense de María La Baja, venía manejando un presupuesto anual de $96.000 millones de pesos, el 80 por ciento de ellos provenientes del Sistema General de Regalías, pero antes de ir a la cárcel no había mostrado los mejores índices de desarrollo de una comunidad afectada por la violencia que durante años se abatió sobre los Montes de María.
Su situación económica personal, en cambio, puede ser boyante porque la Fiscalía general de la Nación considera que se encuentra asociado a un esquema fraudulento de contratación pública que manejó, sin éxito, pero con recursos a manos llenas, más de $3 billones.
González, su excolega de La Paz (Cesar) Martín Guillermo Zuleta Mieles y otras once personas capturadas a comienzos de agosto en cinco ciudades del país se habrían convertido en expertos en artificios perversos que consisten en crear empresas comerciales e industriales del estado, fondos mixtos o fundaciones y transformarlas en “contrataderos” que no están obligados a sujetarse a Ley 80 de 1993 o estatuto de la contratación pública.
Casi a diario, con la paciencia de un relojero suizo, el ingeniero caucano Rodrigo Fernández -santandereano por adopción- dedicó durante los últimos cuatro años su tiempo como jubilado a hacer un cuidadoso escrutinio de la contratación pública. Es frecuente que en su cuenta de X destape los “amarres” contractuales que tienen gran peso sobre la conciencia de la administración pública y en los bolsillos de los contribuyentes.
Allí ha escrito una suerte de dolorosa antología de malos manejos contractuales como los que González, Zuleta y otros de sus presuntos cómplices hicieron a través del Fondo Mixto Sierra Nevada. Los órganos de control se han interesado por sus denuncias rigurosas y bien sustentadas, el Congreso lo ha invitado a debates de control político y la justicia penal ha decidido lanzar una ofensiva para frenar la fuga de recursos públicos.
La Dirección Anticorrupción de la Fiscalía está impulsando este macrocaso y ya está procediendo contra varios servidores públicos, incluidos cinco gobernadores, que deberán rendir explicaciones claras sobre la relación con ese tipo de entidades que convierten en rey de burlas los pliegos tipo y se mofan también de los principios asociados a la transparencia.
La misión es grande a juzgar por las cifras certificadas por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y verificadas por la Contraloría General. Hasta finales de 2025 habían sido contratados de manera directa casi $25 billones, es decir, un 80 por ciento de los recursos que componen el Sistema de Regalías. Hasta entonces 4.500 proyectos con cargo a las bolsas del sistema habían sido contratados sin que se tuviera en cuenta la Ley 80 porque es común de los “contrataderos” se rijan por sus propias reglas. Reglas que llaman “de derecho privado”.
Esas organizaciones se han aprovechado de la debilidad de la gerencia pública en municipios pequeños, entre ellos los territorios PDET (con enfoque diferencial por causa de la violencia que sufrieron), donde un alcalde puede manejar solo, prácticamente sin controles, más de $100.000 millones. Es allí cuando Fundaciones y Asociaciones con razones sociales que buscan darles apariencia de seriedad amaran sus negocios y los expanden por todo el territorio nacional.
Los expertos de Planeación Nacional se encuentran a menudo que en al aplicativo “Gesproy”, habilitado para hacerle el seguimiento real al trabajo de los contratistas, estos ingresen y publiquen información falsa sobre la ejecución de proyectos que, cuando verificados sobre el terreno, son en realidad elefantes blancos.
Un escalafón de contrataderos
Con base en las denuncias verificadas, Las2Orillas recreó un top de los contrataderos contra los que ya han comenzado a proceder las autoridades.
La lista la sigue encabezando el Fondo Mixto Sierra Nevada, constituido en 2021 con un capital de tan solo $5millones. En tal solo cuatro años se hizo a contratos con entidades territoriales por $3,1 billones.
Por las alforjas de la contratación compite la Empresa de Servicios Públicos del Meta (EDESA), responsable de 139 proyectos por $839.000 millones. Se trata de la entidad que cobró triste celebridad cuando se descubrió, por ejemplo, el descalabro en el que terminó convertido un plan por $63.000 millones para llevar agua potable a colegios y guarniciones militares del departamento.
De acuerdo con archivos públicos consultados, el Consejo de Estado ratificó sanciones de destitución impuestas por la Procuraduría a funcionarios y asesores de EDESA que utilizaban el caparazón de la entidad para proteger negocios turbios.
En los debates de control político en el Congreso han sido cuestionados los manejos de algunos de los últimos gobernadores del Meta que trasladaron las regalías a EDESA para que esta, bajo sus propios manuales internos laxos, adjudicara obras civiles a consorcios específicos, con lo cual restringía además el principio de la libre competencia.
En la misma categoría de contratadero se haya rotulado el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social del Valle del Cauca, que recientemente cambio su razón social para abreviarla como Gesprode. En tiempo récord firmó con entidades territoriales 209 contratos por $736.000 millones.
Gesprode, sin embargo, les ha respondido a Planeación Nacional y a los órganos de control que los recursos del Sistema General de Regalías no han ingresado al fondo mixto y que tampoco son ejecutores directos de los proyectos del OCAD Paz porque estos se encuentran en el Ministerio de Hacienda. Reconoce sí que ha ejecutado recursos $800.887 millones provenientes de Sistema General de Participaciones y empresas particulares, pero no de regalías.
Acuatodos S.A. E.S.P., del Casanare, se hizo tan solo dos años después de su creación, en 2020, a 101 contratos y se encargó de 83 proyectos por $663.000 millones. Se comprometió a invertir más de $20.000 millones para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de Monterrey, obra que hasta el sol de hoy no está en funcionamiento.
Para el proyecto Parque Lineal de Yopal e Infraestructura de Alumbrado le fueron confiados $34.000 millones de pesos. La Contraloría lo tiene catalogado como un proyecto crítico y emblemático con serios retrasos, trabas legales y financieras que paralizaron su entrega operativa por años antes de entrar en procesos de rescate y empalme eléctrico definitivo.
La Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), con sede en Barranquilla, está considerada en expedientes de la Fiscalía como un “cartel de direccionamiento de contratos“. Hasta 2025 tenía a cargo 135 proyectos por $655.000 millones. En total, 35 de sus contratos habían sido reportados por Planeación ante órganos de control.
Si bien su órbita de acción es regional, sus estatutos han sido usados para ejecutar contratos en Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander. La Asociación no suele cargar informes en el Secop y de sus contratos se han derivado cargos por enriquecimiento ilícito contra 23 operadores y contratistas por enriquecimiento ilícito en cuantía de $14.235 millones.
Los mismos vicios son comunes en la Asociación de Municipios de la Subregión del Ariari y la Provincia del Meta (Asosopro), que ha tenido a cargo proyectos por medio billón de pesos.
La ofensiva judicial traerá por esto días nuevas noticias que harán revivir el debate sobre la necesidad de rescatar el imperio de la ley de contratación sobre los millonarios gastos de dineros de regalías que pertenecen a las comunidades de las entidades territoriales.
Por lo pronto el recorte en la nómina de la Contraloría, vista desde otra perspectiva, podría permitir recursos para la creación del Cuerpo Élite Anticorrupción que el presidente De La Espriella le sugirió crear al nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde durante su posesión en el puerto de La Dorada.
