El abogado consiguió que Acción Fiduciaria, dirigida por Felipe Márquez, pagara la millonaria indemnización a los inversionistas afectados por el famoso edificio
Tras cerca de siete años, los clientes del proyecto Bacatá llevaron un proceso contra Acción Fiduciaria. En primera instancia, la Superintendencia Financiera, hoy bajo las órdenes de Pablo Andrés Rivas Herazo, les dio la razón en primera instancia. Es decir que Acción Fiduciaria, actualmente bajo las órdenes de Felipe Márquez Robledo, debería pagar $950 millones a los compradores afectados.
La defensa de los compradores estuvo a cargo de John Jairo Morales, del bufete Dumed Abogados & Consultores. Durante años, el grupo de juristas insistió ante la Superfinanciera en que Acción Fiduciaria no tenía la experiencia necesaria para acompañar un proyecto de esta magnitud.
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Uno de los principales argumentos fue que la fiducia no cumplió con sus deberes profesionales al revisar si el proyecto era financieramente viable y ofrecía condiciones de seguridad para los compradores.
Además, se cuestionó un presunto incumplimiento contractual al permitir la apertura y entrega parcial de la zona comercial, pese a que el contrato establecía que esto no podía hacerse bajo dichas condiciones.
Foto: Leonel Cordero
Un bufete ganador
No es la primera vez que Dumed Abogados consigue una decisión favorable frente a una organización encargada de una fiducia inmobiliaria. Entre otros casos, el bufete ha participado en procesos relacionados con los proyectos Madera Fresca, en Antioquia; Reserva San José Natura, en Itagüí y Bosques de la Luz, en Envigado.
En el primer caso, una pareja de adultos mayores, además de reclamar a la constructora, consiguió que Acción Fiduciaria respondiera por sus actuaciones. En el segundo, Alianza Fiduciaria debió devolver los aportes a un comprador afectado por el abandono del proyecto Reserva San José Natura. En Bosques de la Luz, los abogados de Dumed lograron la devolución del 100 % de la inversión y de los recursos entregados por los inversores.
Se trata de decisiones relevantes porque, en Colombia, cuando existen obras inconclusas, generalmente las responsabilidades recaen sobre constructores y contratistas. No es frecuente que una fiduciaria sea sancionada, debido, entre otras razones, a la naturaleza de los contratos y a la separación de responsabilidades dentro de los proyectos.
Sin embargo, esta dinámica parece estar cambiando. Un caso relevante fue el fallo contra Alianza Fiduciaria por más de $8.115 millones relacionado con el proyecto Torres del Cielo, en Barranquilla. También están las decisiones contra Credicorp Capital Fiduciaria por presuntas falencias en la vigilancia del proyecto Mizú Estilo Natural, en Cali, donde se cuestionó, entre otros aspectos, la entrega de recursos de compradores sin una revisión suficiente de la viabilidad del proyecto.
El caso Bacatá se suma así a una serie de decisiones que podrían marcar un cambio en la manera de evaluar la responsabilidad de las fiduciarias. Para los compradores, el mensaje es claro: su papel dentro de los proyectos inmobiliarios no necesariamente termina en administrar los recursos.
