El barranquillero Roberto Solano, cercano al Presidente De la Espriella, tendrá que recibir con serias dificultades a la EPS que atiende a 11,5 millones de usuarios
En febrero de 2026, antes de que la Superintendencia de Salud le suspendiera súbitamente su contrato de auditoría forense a la Nueva EPS, la firma SAG Assesment & Consulting SAS concluyó que la entidad se veía abocada a una “quiebra técnica irreversible” y que incumplía los cinco indicadores habilitadores financieros señalados en el decreto que en 2014 ordenó su intervención.
Los auditores dieron con 69 hallazgos críticos, levantaron 34 banderas rojas (código simbólico crítico) y formularon 34 observaciones que, sumados, arrojaban un impacto superior a los $34 billones.
Los constantes cambios el gobierno corporativo reflejaban conflictos de interés porque los varios clientes terminaron convertidos también en directivos y pese al deterioro creciente de las finanzas el Comité de Auditoría no fue convocado jamás.
Los más de 11,3 millones de usuarios de la Nueva EPS resultaron ser los paganinis porque desmejoró sensiblemente la atención, mientras el mercado de medicamentos esenciales fue desabastecido y por eso ahora la Procuraduría acaba de abrirle investigación disciplinaria al exministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo, pues tiene evidencia de que se trató de crisis inducidas.
Mientras eso ocurría eran ordenados, a manos llenas, giros por anticipos a personas y empresas que ni siquiera figuraban como proveedores por servicios de los que ni siquiera hay prueba de que hayan sido prestados. El saldo de la cuenta de anticipos y avances que, en 2019, por ejemplo, era de 15,4 billones de pesos subió a 85,5 billones al cierre del primer semestre de 2025.
Esos son algunos rasgos de la crisis con la que se encontrará Roberto José Tercero Solano Navarro nombrado el 18 de agosto de 2026, hasta el 10 de abril de 2027, en reemplazo de Jorge Iván Ospina Gómez. Allí tendrá que hacer la experticia que adquirió cuando se desempeñó como gerente de Cajacopi EPS y a su paso por órganos de control como la gerencia de la Contraloría General de la República en Atlántico.
Aunque en escalas distintas, la situación se replica en las otras siete EPS intervenidas durante la administración de Gustavo Petro. Como lo señala el libro del empalme anticorrupción del Gobierno De la Espriella, esas EPS concentraron 27,8 millones de afiliados, es decir, más de la mitad de la población asegurada del país.
El documento recuerda que el 8 de mayo de 2026 la Contraloría General emitió un control de advertencia en el sentido de que, pese al tiempo transcurrido y a la magnitud de las intervenciones, no se observaban mejoras estructurales en la estabilidad financiera y operativa de esas entidades ni en la prestación del servicio.
Según los datos de la Superintendencia, entre 2022 y lo corrido de 2026, se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos en las EPS intervenidas, de las cuales 645.794 corresponden específicamente a medicamentos que no se entregaron.
Los indicadores más sensibles golpeados son la mortalidad materna e infantil, oportunidad en los tamizajes de cáncer e inicio a tiempo de tratamientos de alta complejidad. La Corte Constitucional mediante el Auto 007 de 2025 declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 y ordenó determinar el rezago existente y ajustar el valor de la UPC para 2021, 2022 y 2023.
De acuerdo con Ana María Vesga Gaviria, ministra de Salud y Protección Social, el costo humano está documentado. Según los datos de la Superintendencia, entre 2022 y lo corrido de 2026, se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos en las EPS intervenidas, de las cuales 645.794 corresponden específicamente a medicamentos que no se entregaron.
A su llega al despacho como nueva superintendenta de salud la abogada María Andrea Godoy se encontró con un represamiento de más de 30.000 casos sin radicar en el canal web, uno de los medios más utilizados por la ciudadanía, situación que está generando retrasos en la gestión de reclamos en salud y solución de fondo al usuario por parte de las EPS.
Las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) frente a las EPS que se encontraban activas a junio de 2026 presentaron un crecimiento significativo entre diciembre de 2022 y junio de 2026.
La cartera neta pasó de $15,24 billones a $40,20 billones en este periodo, lo que representa un incremento del 164%. El crecimiento de la cartera se presenta tanto en las IPS privadas como en las IPS públicas, aunque con diferencias importantes en su magnitud. En las IPS privadas, la cartera neta frente a las EPS intervenidas pasó de $7,22 billones en diciembre de 2022 a $18,11 billones en junio de 2026.
Ese es el tamaño del reto que asumen los nuevos interventores. Además de Roberto José Tercero Solano Navarro, al frente de la Nueva EPS, en Emssanar EPS estará Javier Alonso Álvarez; en Famisanar Carlos Ignacio Cuervo y en Coosalud Édgar Felipe Molina Correa.
