Durante su carrera en el mundo del derecho a Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual magistrado de la Corte Constitucional, le ha tocado decidir casos sensibles por la vía del arbitraje o de la solución de los conflictos de competencias.
Quizás el más recordado sea el del caso Odebrecht, al cual tuvo que llegar de urgencia para asumir el rol de juez de un Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, convocado para dirimir una multimillonaria disputa entre la transnacional de origen brasilero y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en relación con la obra Ruta del Sol II.
Ibáñez tuvo que asumir el papel de árbitro emergente ante el fallecimiento del jurista y exmagistrado Jorge Arango Mejía, presidente entonces del Tribunal Arbitral. Allí hizo equipo con los expertos Catalina Hoyos Jiménez y Carlos Mauricio González y sacó adelante la tesis según la cual Odebrecht, en asocio con Episol, del Grupo Aval, no tenían derecho a exigir los $3,8 billones que pretendía cobrarle a la ANI como reconocimiento de obligaciones y daño reputacional.
Se basó en que el contrato de la concesión del segundo tramo de la Ruta del Sol fue declarado nulo, tras comprobarse que fue otorgado mediante el pago de sobornos, lo que convirtió en ilícito su objeto. En últimas, reconoció únicamente el valor de las obras efectivamente ejecutadas, tasado en $211.273 millones.
El mensaje de fondo enviado en su laudo arbitral, proferido el 6 de agosto de 2019, era que la concesionaria demandante no logró probar que el dinero destinado por los bancos se hubiera invertido en un bien público y que la información contable aportada no resultaba creíble porque no lograba ocultar el rastro del pago de las coimas.
Integrantes de su equipo de trabajo recuerdan con orgullo que ese laudo, confirmado luego por el Consejo de Estado, le dio a Ibáñez especial notoriedad pública y, sumado a su amplia experiencia, prácticamente le abrió las puertas para ingresar a la Corte Constitucional.
El expresidente Alvaro Uribe y el caso de las masacres de El Aro y La Granja
Como magistrado constitucional, tendrá que tomar otra decisión trascendental que lo vuelve a poner prácticamente en condición de árbitro. Ibáñez tiene a cargo la ponencia con base en la cual la Corte decidirá si la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con las masacres de El Aro y La Granja la tiene la Fiscalía General de la Nación o la Cámara de Representantes, via la Comisión de Acusaciones.
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La defensa de Uribe en cabeza del penalista Jaime Granados alega, al plantear un conflicto de competencias, que como la conducta punible de concierto para delinquir es de tracto sucesivo, es decir permanente, es posible que se haya extendido hasta el año 2003, cuando ya su cliente era presidente de la República.
Si la Corte Constitucional, conducida en este caso por Ibáñez, acoge ese argumento, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema que conduce el proceso tendrá que enviar el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que lo viene pidiendo desde el 26 de agosto de 2026.
La Fiscalía, a su vez, ha venido actuando dentro de la hipótesis según la cual, como las dos masacres ocurrieron a finales de la década de los 90, cuando Uribe no tenía todavía fuero especial como presidente, sino a lo sumo como gobernador, los delitos investigados son de competencia de la justicia ordinaria.
El camino de las actuaciones que terminaron involucrando a Uribe
Antes de que se planteara la colisión competencias, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió investigación formal el 17 de junio de 2026 y llamó al exmandatario a indagatoria el 4 de septiembre de 2026 por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia, entre los años 1995 y 1997).
Al exmandatario se le atribuye un presunto apoyo a la creación de un grupo paramilitar que habría nacido en la hacienda Las Guacharacas del municipio antioqueño de San Roque. La hacienda es propiedad de la familia Uribe.
El grupo de San Roque se habría convertido en una de las primeras estructuras del llamado Bloque metro de las autodefensas. Testigos citados en los expedientes aseguran que esas estructuras ilegales cometieron una masacre ocurrida en aquella población durante los días 13 al 17 de septiembre de 1996. También, son responsables de la desaparición de comerciantes en Maceo y Puerto Berrío.
La matanza de La Granja ocurrió el martes 11 de junio de 1996. Veintidós hombres de las autodefensas irrumpieron en ese corregimiento de Ituango, asesinaron a cuatro campesinos acusados de colaborar con las Farc, desplazaron a otros varios y no encontraron resistencia alguna por parte de la fuerza pública.
La de El Aro ocurrió en hechos cruentos y sucesivos del 22 al 27 de octubre de 1997. Hubo diecisiete campesinos asesinados, cientos de desplazados, casas incendiadas y hurto masivo de ganado.
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Entre los testigos contra Uribe están los exparamilitares Francisco Villalba y Salvatore Mancuso y otras personas que aseguran que un helicóptero de la Gobernación habría hecho vigilancia durante El Aro para alertar a los autores sobre la posible presencia militar o policial.
“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino“, es lo único que dijo en su defensa el exmandatario al llegar a las instalaciones de la Fiscalía el 4 de septiembre. También se ha declarado víctima de una persecución de adversarios políticos, que alcanzó a su hermano Santiago, condenado por el caso Los 12 Apóstoles, otra red paramilitar.
Ibañez, un juez con tino
La decisión sobre quién será en este caso el investigador de Uribe está, en amplia medida, en manos de un juez de carrera, que solo al comienzo de ella hizo un receso de dos años para ejercer como concejal de Tunja, su ciudad natal.
Jorge Enrique Ibáñez es uno de los magistrados con mayores títulos en la Corte. Abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho, DEA en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho Suma Cum Laude y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.
Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia y de la Constituyente de Ecuador en 1997, además de consultor en República Dominicana en 1998. Antes había trabajado en el Banco de la República, donde participó en las propuestas que llevaron a la independencia del Banco, luego consagrada en la Carta del 91.
Antes de ser magistrado titular, fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional. Se hizo un nombre como árbitro nacional e internacional de alto perfil y tiene en sus manos un caso que dará mucho de que hablar.
