Hace 6 años sus predios quedaron en manos de la SAE, pero el barranquillero preso en Miami dio la pelea legal y recuperó lo embargado, que vale $35 mil millones
En julio de 2020, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomaron posesión de una casa de más de 3 mil metros cuadrados en el barrio Riomar, al norte de Barranquilla. Tres pisos, piscina, sauna, gimnasio, sala de cine, spa con sala de masajes y una cancha de tenis de polvo de ladrillo instalada en la terraza. La casa estaba avaluada en 28 mil millones de pesos y le pertenecía a Álex Saab, el empresario que acusan de testaferro de Nicolás Maduro, que para entonces ya llevaba un mes preso en Cabo Verde, donde duró tras las rejas durante 16 meses.
Junto con la lujosa mansión cayeron en manos de la Fiscalía otras seis propiedades del mismo entramado empresarial, entre ellos un apartamento en el edificio Bellagio. Los siete bienes juntos sumaban unos 35 mil millones de pesos. Para la Fiscalía de Francisco Barbosa y para el gobierno de Iván Duque, que cerraba su gobierno, el golpe contra el patrimonio de uno de los hombres señalados de manejar plata del régimen de Nicolás Maduro funcionó como un trofeo.
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Alex Saab había sido capturado el 12 de junio de 2020 en el aeropuerto de la isla de Sal, en Cabo Verde, cuando su avión hizo escala para cargar combustible rumbo a Irán. Se negó a explicar el origen y el destino de la aeronave y las autoridades locales decidieron revisarla. Venezuela pidió su liberación inmediata alegando que viajaba como agente diplomático. Estados Unidos ya lo tenía pedido en extradición desde 2017, cuando la entonces exfiscal general venezolana Luisa Ortega lo señaló como testaferro de Maduro. El cálculo del expediente estadounidense era que Saab había blanqueado hasta 350 millones de dólares a través de contratos del programa de ayuda alimentaria CLAP, pagando sobornos a funcionarios venezolanos para quedarse con la adjudicación de las cajas de comida que se repartían en un país con desabastecimiento crónico, delito del que acaba de declararse culpable en la nueva etapa del juicio.
Extraditado a Estados Unidos, quedó detenido por lavado de activos hasta el 20 de diciembre de 2023, cuando Washington lo canjeó por diez estadounidenses presos en Venezuela. Volvió a Caracas convertido en una de las caras más visibles del dinero chavista y el gobierno de Maduro lo sumó a su administración. En Barranquilla, mientras tanto, la mansión y los otros seis bienes seguían bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales, esperando que un juez resolviera si la Fiscalía podía probar que ese patrimonio venía de negocios ilícitos.
La respuesta llegó el 17 de enero de 2025. El Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla negó la extinción de dominio sobre los siete inmuebles, todos registrados a nombre de la Sociedad Promotora Dubera S.A.S. El juez concluyó que la Fiscalía no había demostrado que esos bienes representaran un incremento patrimonial injustificado y ordenó levantar los embargos. La Fiscalía 36 Especializada en Extinción de Dominio apeló junto con el Ministerio Público.
El recurso terminó en la Sala de Decisión Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó el fallo en septiembre de 2026. Para los magistrados, la manera en que Saab movió su dinero no mostraba, por sí sola, un patrón de lavado de activos; hacía falta algo más que sospechas sobre los tramos intermedios de la cadena económica.
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El tribunal encontró que Saab tenía negocios reales con Venezuela desde 2004, con exportaciones textiles de su empresa Shatex certificadas por las propias autoridades aduaneras venezolanas, y que esas exportaciones se frenaron en 2009 por una caída documentada del comercio exterior colombiano hacia el país vecino, no por ningún quiebre sospechoso. Un incumplimiento con Bancoldex que la Fiscalía presentó como indicio de fraude quedó descartado como un simple lío comercial sin relación probada con los inmuebles en disputa. La Fiscalía, concluyó la Sala, no armó un grupo de indicios sólido sobre el origen ilícito de los fondos; Saab sí dio una explicación económica coherente y documentada. La SAE quedó obligada a devolverle la mansión y los otros seis bienes.
La nueva confesión: culpable
El fallo salió apenas unos días antes de que Saab cambiara, ante una corte federal de Miami, su declaración de inocente por la de culpable en un cargo de conspiración para lavado de dinero. Preso, extraditado y sin el respaldo político que tuvo en Caracas, le ganó a la Fiscalía colombiana la pelea por sus bienes justo cuando admitía ante la justicia estadounidense haber operado, con altos funcionarios venezolanos, el esquema de sobornos que le dio contratos del CLAP y, después, cargamentos de petróleo de PDVSA. Aceptó pagar 195 millones de dólares y entregar información completa sobre el esquema, con nombres que por ahora siguen bajo reserva judicial.
El respaldo que tuvo en Venezuela se acabó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina dos días después y giró al gobierno hacia una cooperación estrecha con Washington. En mayo, sin el paraguas político que lo protegía, Saab fue deportado a Estados Unidos y compareció por primera vez ante la jueza Kathleen M. Williams el 18 de mayo. Se declaró inocente el 24 de julio y cambió la declaración el 15 de septiembre, al aceptar el acuerdo de doce páginas negociado con el Departamento de Justicia. La sentencia está fijada para el 20 de enero de 2027 y podría llegarle hasta veinte años de cárcel.
El mismo mes en que aceptó su culpabilidad en Miami, recuperó en Colombia, con sentencia en firme, la mansión que le habían quitado seis años antes.
