Con una población de más de 1.8 millones de pensionados, Colpensiones enfrenta un reto en los últimos meses del año: un déficit de $4,2 billones para pagar las mesadas mensuales.
El faltante fue confirmado por la Contraloría General de la República, la cual precisó que esta situación se debe al desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo de 23%, decretado por el entonces presidente Gustavo Petro, frente a un supuesto de incremento cercano al 7,5%, “lo que generó una desviación significativa respecto de las condiciones utilizadas para la programación presupuestal”.
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De acuerdo con el ente, el presupuesto inicial de los fondos para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6% de aportes de la Nación.
Sobre la alerta generada por la Contraloría, el director del Área Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, Javier Almanza, precisó a que no se debe a una falta de gestión o a que el Gobierno no haya girado los recursos acordados, los cuales eran de $33,7 billones y que se ejecutaron por completo.
“El desbalance técnico real surgió por un error de cálculo en las proyecciones económicas, esto en la medida en que el presupuesto se había elaborado estimando que el salario mínimo aumentaría alrededor de 7,5%. Sin embargo, se hizo de manera abrupta. Ahora bien, dado que el 60,8% de las pensiones en el régimen público se reajustan automáticamente con el salario mínimo, los costos reales se dispararon muy por encima de lo planificado”, agregó Almanza.
El también profesor Henry Amorocho, del área de Hacienda Pública y Presupuesto de la Unirosario, señaló que el hecho de que el alza salarial no se diera por concertación entre sindicatos y empresarios, sino por decreto, no fue la mejor decisión, pues, el cálculo que hizo Petro ya se había plasmado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
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“Usaron el término salario vital y por eso subieron el sueldo mínimo 17 puntos por encima de lo calculado dentro del presupuesto, que estaba en el rango de lo que daban las cuentas que tomaron en cuenta la productividad e inflación”, resaltó Amorocho.
¿De dónde saldrá el faltante?
El profesor Henry Amorocho sostuvo que, ante el desfinanciamiento para las pensiones de noviembre y diciembre, se requiere un adicional en el presupuesto, el cual debió haberlo solicitado entre febrero y junio el presidente saliente, pero “extrañamente” no lo hizo.
“Veo difícil que una adición se pueda dar, dado que el presidente Abelardo de la Espriella está buscando reducir el gasto. Va a tocar apoyarse en rubros presupuestales que no tengan tanta dinámica de ejecución, para hacer el traslado”, enfatizó el experto en finanzas públicas.
El abogado en Derecho Laboral, Javier Almanza, manifestó que el Gobierno, por intermedio de los ministerios del Trabajo y Hacienda, debe adelantar soluciones de emergencia macroeconómica, como por ejemplo, los traslados presupuestales internos, reasignando partidas de otros despachos ministeriales o entidades estatales que muestren baja ejecución de los recursos, para redirigir esos montos directamente al rubro pensional.
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El docente de la Unirosario destacó que otra alternativa es acudir al crédito adicional o adición presupuestal, en busca de gestionar recursos de urgencia mediante decretos o vigencias fiscales para inyectar liquidez inmediata al fondo público.
“Ahora todas estas medidas deben salir de algún lado o ese dinero tendrá que salir directamente del fisco nacional, a través de una reestructuración de la caja actual del Estado, porque los aportes de los cotizantes activos no dan abasto para cubrir la diferencia generada por la medida desbordada por el gobierno anterior”, apuntó el director del Área Laboral del Consultorio Jurídico de Unirosario.
Los expertos consultados consideran que el faltante no necesariamente implica una suspensión de los pagos a los pensionados, pues el Gobierno tendría mecanismos presupuestales para cubrir las obligaciones pendientes. No obstante, el reto está en determinar de dónde saldrán los recursos adicionales.
El dato
Según Colpensiones, durante 2025, la entidad cerró con 1.864.080 pensionados acumulados, y cada mes realizó pagos a cerca de 1.9 millones de beneficiarios, con cobertura en más de 800 municipios del país y atención a colombianos residentes en el exterior.
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