El debate sobre el recorte de $100.000 millones a la JEP exige la misma exigencia de resultados para organismos como la Procuraduría o la Contraloría
Texto escrito por: Luís Alonso Colmenares
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“No podemos perder el control sobre los controles que nos controlan”. Tanto los que defienden la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como los que quieren verla enterrada tienen razón en una parte y se equivocan en otra.
Empiezo por lo primero. Los resultados de la JEP han sido pobres; negarlo es insultar la inteligencia de los colombianos. Lleva ocho años y medio de creada y el presupuesto le ha asignado billones de pesos. Sus críticos le reprochan que solo ha producido cuatro sentencias de macrocasos, y su presidente promete siete al cierre de este año. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando la verdad plena, reparación y responsables con nombre propio.
Ramelli defiende que hay 3.600 decisiones con efecto de sentencia. Puede ser cierto, pero una institución que necesita un glosario para explicar sus resultados ya perdió la mitad de la batalla. La gente entiende de sentencias, de verdad y de plata bien gastada. Por eso, quienes piden recortarle el presupuesto tienen un argumento que la propia JEP sirvió en bandeja.
Por otra parte, el senador Enrique Gómez radicó una proposición para reducirle $100.000 millones del presupuesto y trasladarlos a la Judicatura, con el respaldo del presidente De La Espriella.
Si el criterio es “mucha plata a cambio de pocos resultados”, debería aplicarse la misma vara a todo el aparato que se supone que nos cuida de la corrupción. Miremos la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Auditoría. Entre las cuatro manejan presupuestos gigantescos, nóminas enormes y sedes por todo el país. ¿Y a cambio de qué? La corrupción sigue viva y coleando. Los grandes escándalos se destapan casi siempre por periodistas, denunciantes o coyunturas políticas, no por la vigilancia eficiente. Los procesos se eternizan, los grandes nombres rara vez terminan pagando, y cada año escuchamos el mismo discurso de que “estamos fortaleciendo el control”.
Si cuatro sentencias en ocho años justifican quitarle recursos a la JEP, ¿qué justifican los años de investigaciones que se pierden en el limbo, los hallazgos fiscales que nadie recupera y las condenas que nunca llegan? No conozco a un senador que haya presentado una proposición para trasladar $100.000 millones de la Contraloría o Procuraduría a la rama judicial, o reducir la acción de la Auditoría a controlar exclusivamente a la Contraloría General. Curioso, ¿no?
No estoy diciendo que haya que recortar a todos. Estoy diciendo que hay que ser coherentes. O se mide con rigor a todas las instituciones que gastan mucho y entregan poco, o se acepta que lo que se está haciendo con la JEP es una selección. Y las selecciones tienen nombre: se llaman persecución política.
Sospecho, además, que el recorte es el primer ladrillo de otra cosa.
La iniciativa coincide con otro proyecto de Salvación Nacional que busca trasladar a la Justicia Penal Militar los casos de integrantes de la Fuerza Pública investigados ante la JEP por crímenes de lesa humanidad. Junte las piezas: menos plata, menos casos, menos competencia. Eso no lleva a una JEP más eficaz sino a una JEP vaciada y, después, a una JEP innecesaria. Es la muerte por asfixia presupuestal, que tiene la ventaja política de no parecer una muerte.
Y no ayuda que la propia JEP advierta que un recorte de esta magnitud comprometería las audiencias, la protección de víctimas y comparecientes, e incluso la continuidad de su sede. Quitarle recursos justo cuando entra en su etapa decisiva de juicios y sanciones no la vuelve eficiente. La vuelve inviable.
Mi postura es esta: que la JEP rinda cuentas y que lo haga rápido. Que muestre sentencias y cronogramas que un ciudadano común pueda entender. Pero que esa misma exigencia se aplique sin miedo a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Auditoría, que también nos cuestan un mundo y también nos deben resultados. Y que quienes quieran cerrar la JEP tengan la valentía de decirlo de frente, en lugar de usar un recorte con olor a sentencia de muerte.
Porque en este país ya hemos visto demasiadas veces cómo se entierra lo incómodo: primero se le quita el oxígeno y luego se lamenta, con cara de sorpresa, de que no pudo respirar. Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…”
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