Pocos días antes de que Estados Unidos lo notificara públicamente sobre la cancelación de su visa, el empresario Euclides Torres perdió en Bogotá una pelea territorial que durante varios años contribuyó al fortalecimiento de su fortuna e influencia.
El pleito consistía en la delimitación geográfica entre Barranquilla y su vecina Puerto Colombia que pugnaban por el control de un área rica y rentable para los negocios: el corredor de la Universidad del Norte, Villa Campestre y el Lago del Cisne. Es una franja de 300 hectáreas donde se construyen los apartamentos más caros de la Costa. Quien cobra el predial y la valorización allí, controla una caja anual de más de $40.000 millones.
| Lea también: El poderoso clan Torres de la Costa Atlántica que pesa en el gobierno Petro
El árbitro no podía ser de mayor peso. Vía mediación, la propia Presidencia de la República dirimió la disputa al pronunciarse, el 12 de septiembre de 2026, a favor de los intereses de Barranquilla.
Puerto Colombia acusó recibo de la decisión como un golpe fuerte porque durante 15 años la balanza se había inclinado a su favor. No en vano, durante esos tres lustros había ganado la disputa, primero con el alcalde Plinio Cedeño y luego con Wilman Vargas Torres, cuñado de Euclides.
Así, el municipio había expendido su perímetro y su órbita de titulación. Detrás, estaba el conglomerado de Euclides Torres, con empresas como American Lighting y Sistemas de Contadores, a través de las cuales se quedó con la concesión del alumbrado y con la operación del tránsito.
La ley impulsada por el gobierno golpea el negocio más rentable de los Torres
El golpe en el corazón de sus negocios fue seguido, una semana después, por la decisión del Ministerio de Transporte de radicar en el Congreso de la República el proyecto de reforma al Código de Tránsito que busca acabar con el modelo SICOV, el sistema de detección de infracciones de operación privada. Esa operación ha venido siendo quizá la que le ofrece los mayores réditos dentro del enjambre de negocios de Torres.
Las crónicas sobre sus negocios detallan que, durante más de una década, el nombre de Euclides Torres Romero era pronunciada en voz baja en los círculos más influyentes de Barranquilla. No necesitaba tarjetón ni curul. Su poder estaba por fuera del círculo electoral. Se hallaba en los postes del alumbrado público, en los contratos de semaforización, en la energía que llega a La Guajira y, sobre todo, en Puerto Colombia, cuyo recortado imperio administrativo se verá reflejado pronto en los estados contables.
| Puede leer aquí: Se le acabó la fiesta a Euclides Torres, el financiador de Petro y Benedetti, con sus negocios alrededor del tránsito
El choque contra un escudo de acero
Cando apenas comenzaba a asimilar el golpe, el domingo 28 de septiembre de 2026, a las 7 de la noche, Euclides Torres vio como el Departamento de Estado de Estados Unidos incluía su nombre y el de la senadora guajira Martha Peralta en la lista de la Iniciativa Escudo de las Américas.
No se trataba, por su puesto, de una sanción penal. Era más quirúrgica, si se quiere, y consta en la revocatoria inmediata de visas para ellos y sus familias directas bajo el cargo de “socavar la democracia mediante actos de corrupción”. Un fuerte choque contra un escudo que parece hecho de acero.
La Casa Blanca lo presentó como una decisión enmarcada en política exterior, en beneficio de sus aliados de su nueva estrategia, entre los que Colombia vuelve a ocupar un papel destacado. En el Caribe colombiano, sobre todo, y en el resto del país se leyó como el cierre de un cerco que empezó en Bogotá, en el propio despacho del presidente Abelardo De La Espriella, hace dos semanas.
“Cuando te quitan la visa no te están quitando Disney”, comentó en un tono de ironía un profesor de la Universidad del Norte. “Te están quitando también una base financiera porque los bancos corresponsales en Miami empiezan a preguntar, los proveedores de luminarias en Texas ya no te venden a crédito y tus hijos no pueden estudiar allá. Para un contratista que vive del Estado. pero que guarda en dólares, es un golpe de caja”, agrega el académico.
La decisión tomada por Washington obedece a que Torres se jugó hace cuatro por Gustavo Petro a la hora de desembolsar sus aportes para la campaña presidencial y terminó incluido en la lista de financiadores de una causa proselitista juzgada en los estrados por violación a los topes electorales. Es probable que del asunto hablaran previamente De la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio durante su reciente encuentro en Barranquilla.
Martha Peralta y Euclides Torres son aliados por los intereses que comparten
Así como Torres ha sido un cerebro financiero, la parlamentaria Martha Peralta ha sido un puente político. Senadora del MAIS, wayuu, abogada de 38 años, llegó al Congreso con 28.000 votos y en los tiempos de Petro se volvió una de las voces más cercanas a la Casa de Nariño en temas de La Guajira.
| Lea también: La senadora Martha Peralta en líos con la justicia se puso en manos de un penalista de kilates
La Corte Suprema la investiga desde 2024 por el mismo expediente que tumbó a Iván Name, es decir, por el entramado de corrupción en la UNGRD. Según se lee en las copias del expediente que la Fiscalía envió a la Corte, Peralta habría sido el enlace entre Olmedo López, entonces director de esa Unidad, y contratistas para trazar el rumbo de la cuestionada compra de carrotanques para La Guajira, a cambio de apoyo a la reforma pensional. Su esposo, Manuel Berrio, también se ha visto envuelto en la misma trama por cuenta de una serie de audios en poder de la justicia que parecen incriminarlo.
Peralta y Torres no son ni han sido socios formales. Pero en la práctica de negocios e intereses resultaron socios de territorio. Ella le garantizó a él entrada a La Guajira con contratos de energía para comunidades wayuu. Él le financió la estructura política en Uribia y Maicao. Ambos jugaron sus mejores cartas, con su valioso as de influencias, en la campaña de 2022. Ahora ambos tienen prohibido su ingreso al territorio de Estados Unidos.
En su mundo no es de buen recibo que alguien diga que Torres no es solo un contratista, pero sí es un acierto que diga que el dueño de una economía local. Su familia tiene el hotel Pradomar, la marina, la empresa de aseo y, hasta hace un mes, la operación del tránsito municipal.
Es cierto que la revocatoria de visa no lo saca del negocio, pero también lo es que lo pone en una suerte de lista Clinton no formal porque es posible que ningún banco internacional quiere a un cliente que está en la mira de los Departamentos de Estado y de Justicia de Washington señalado por corrupción bajo la sección 212 del INA. Ese es precisamente el mismo artículo que usado contra empresarios venezolanos y contra políticos ecuatorianos en 2023.
En el contexto actual, los hechos son más que simples coincidencias. El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la muerte política del senador Iván Name por recibir $3.000 millones de la UNGRD. El fallo dice que Name dejó de presidir 14 sesiones para dejárselas a María José Pizarro y así destrabar la reforma pensional. Esa plata, según Olmedo López, venía del mismo esquema donde hoy Peralta también es señalada.
¿Beneficios para Char?
En otras palabras, Name cayó por la UNGRD. Peralta está investigada en relación con la UNGRD. Torres aparece como financiador del entramado. Y a los tres les llegó la sanción desde lados distintos, uno desde el Consejo de Estado y dos desde Washington, pero durante la misma semana.
Por estos días en Puerto Colombia la pregunta ya no es si Torres va a seguir contratando. La pregunta es quién va a llenar el vacío que dejará. Barranquilla, con Alex Char otra vez en la alcaldía, ya presentó su plan de expansión metropolitana. Quiere esa franja. Y sin la protección de Bogotá y con el espacio aéreo cerrado para él por Washington, el clan Torres enfrenta por primera vez en 20 años una pelea en dos frentes. El avión que ya no podrá tomar a Miami sería lo de menos. El problema es el lote que ya no podrá titular.
