Andrés Vanegas Fernández y el plan choque antidrones
El Gobierno nacional puso en marcha un «plan de choque» para dotar a las tropas de herramientas frente a los ataques con drones, según anunció el ministro de Defensa, Jorge Mora, en una declaración recogida por El Tiempo el 16 de noviembre. A ese esfuerzo, dijo, se suman dos iniciativas en elaboración: un documento Conpes y un proyecto de ley para regular el uso de drones en el país. El ministro resumió la consigna en una frase: «Menos anuncios, más resultados. La vida de nuestros soldados y policías es sagrada».
El anuncio se produce cuando la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, con corte al 8 de noviembre de 2026, cuenta 708 ataques con sistemas de aeronaves no tripuladas desde el 26 de abril de 2024, y calcula que en ese periodo se lanzaron unas 1.865 granadas desde esos dispositivos. El promedio, según el mismo consolidado citado por El Tiempo, es de un ataque cada 31 horas. La modalidad ya se extiende a 16 departamentos: de un foco inicial en el suroccidente pasó a Norte de Santander, Bolívar, Arauca, Chocó y, en 2026, a registros en Antioquia, Cesar, Huila, Meta y Risaralda, entre otros.
El Tiempo y El País de Cali sitúan el plan en una semana de operativos y de atentados. El 13 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la aprehensión de 100 drones y sus partes en Cartagena. Horas antes, un ataque en Tibú, en el Catatumbo, dejó cuatro militares muertos y cinco heridos; cinco días antes, el 7 de noviembre, el cantón de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, había sido atacado con aeronaves cargadas de explosivos.
Mora cuestionó, además, la gestión del gobierno anterior. Esa disputa política no es el objeto de esta nota. Lo que sí cabe contrastar, con rigor, es el tipo de respuesta que el Ejecutivo ahora describe —dotación inmediata, una política pública con recursos y una regulación legal— con lo que Andrés Vanegas Fernández había pedido por escrito en julio, sin referirse a este gabinete ni a este plan.
En «Colombia frente a la amenaza de los drones», firmado el 14 de julio de 2026, el magíster en Seguridad y Defensa Nacional por la Escuela Superior de Guerra escribió: «Ante esta realidad, reaccionar después de cada incidente ya no es suficiente». Y formuló el encargo con precisión: «Colombia necesita una estrategia nacional de protección del espacio aéreo de baja altitud que integre capacidades de detección, identificación, monitoreo y neutralización de drones hostiles».
Un plan de choque para entregar equipos a las unidades más expuestas puede ser una capa de esa estrategia; no es, por sí solo, la estrategia. Vanegas fue explícito en no reducir el problema a la compra de un aparato: «La solución no es exclusivamente tecnológica. Requiere también doctrina, entrenamiento, inteligencia y una actualización permanente de las capacidades institucionales». El Conpes y el proyecto de ley que el ministro dice tener en marcha tocan, al menos en el anuncio, dos de esos frentes: recursos de política pública y reglas para la importación, el registro y el uso. Falta ver, cuando se conozcan los textos, si cubren también la doctrina, el entrenamiento y la inteligencia, y si llegan a las unidades pequeñas y remotas, las más vulnerables, como ha recomendado la Fundación Ideas para la Paz en la cobertura de El País.
Vanegas había advertido, además, de una asimetría de ritmos. «Mientras el Estado avanza condicionado por trámites administrativos, presupuestos y ciclos de contratación, los grupos armados operan con una agilidad que resulta difícil de anticipar y aún más difícil de igualar». La velocidad de la amenaza, escribió, exige «un modelo de innovación continua, capaz de anticiparse —no solo de responder— a los cambios del entorno operacional».
El plan de choque, el Conpes y la ley son, por ahora, un anuncio de Gobierno. Andrés Vanegas Fernández no los ha comentado. Lo que sí consta, desde julio, es el criterio con el que midió cualquier respuesta nacional: no basta reaccionar después de cada ataque, y no basta un solo equipo.
