En la presentación del Libro de la Verdad, el documento en el que el presidente Abelardo De La Espriella denuncia que recibió un país en quiebra, su vicepresidente José Manuel Restrepo utiliza una figura bíblica para describir la tarea de los más de mil voluntarios que participaron en la preparación del Dossier.
Los presenta como tripulantes de un “Arca de Noé” empeñados, según su enfoque, en que Colombia sobreviva un diluvio de malos manejos de la administración de Gustavo Petro.
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Los tripulantes de esa arca describen una tempestad que se habría presentado especialmente durante la recta final del gobierno pasado, con maratones de firmas de contrato y negocios sin soporte racional que dejaron comprometido el gasto público durante los próximos diez años.
No aluden con nombres propios a los presuntos responsables de esos manejos, pero si se comparada la cronología de hechos descritos en el documento con los periodos en que estuvieron al frente de los principales despachos de gobierno, saltan a escena hombres y mujeres de confianza de Petro. Esta es una síntesis de las responsabilidades que les serían atribuibles.
Francia Márquez, vicepresidenta
Como vicepresidenta tenía a cargo el Fondo Mujer Libre y Productiva, compuesto por siete programas cuyos recursos fueron adicionados a través de otrosíes hasta alcanzar los $55.142 millones. Sin embargo, al 1º de julio de 2026 había ejecutado tan solo $172 millones.
El Libro de la Verdad le atribuye una “incapacidad contractual sistémica” y sitúa sus actuaciones y omisiones en una categoría denominada “destrucción del rigor técnico”.
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Como evidencia el documento cita un reporte de la dirección ejecutiva del Fondo según los cuales los manejos obedecían a instrucciones del despacho vicepresidencial que dejaron serias “dudas sobre los límites entre orientación estratégica y gestión administrativa interna”.
También la vicepresidenta habría dejado en el aire iniciativas como Hiladoras de Autonomía y Territorios Vicheros. Aunque estaban previstos en los presupuestos, las emprendedoras afrodescendientes e indígenas, productoras de plátano, viche y café, y exportadoras, identificadas como potenciales beneficiarios, no recibieron recursos.
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Otra entidad a cargo suyo, el Ministerio de Igualdad y Equidad, hoy en liquidación, habría comprometió $1,77 billones sin registrar obligaciones ni pagos, mientras trasladaba recursos sin acto administrativo identificado que le sirviera de respaldo.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
A partir del último trimestre de 2022 hasta junio de 2026 habría asignado recursos por $16,1 billones, de los cuales giró $10 billones para la financiación de Equipos Básicos en Salud, infraestructura hospitalaria. Solo fueron legalizado el 28,3% de ellos.
El 29 de diciembre de 2025, a tres días de cerrar la vigencia, viabilizó y asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra.
Así mientras el Ministerio anunciaba compromisos billonarios sin planeación, el sistema de salud acumulaba retrasos en la prestación de servicios, incumplimientos en la entrega de medicamentos y pasivos crecientes sin pagar a las EPS.
El Libro formulada esta pregunta: ¿por qué había plata y prisa para comprometer $2,2 billones en obras sin estudios, pero no la había para pagarle a quienes sí estaban prestando el servicio de salud a los colombianos y atender a los enfermos?
Durante su gestión ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS), que concentraron 27,8 millones de afiliados (más del 50% de la población asegurada del país) fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. A julio de 2026 seis entidades permanecen intervenidas, entre ellas la Nueva EPS, con más de 11,3 millones de usuarios. El 8 de mayo de 2026 la Contraloría General emitió un control de advertencia: pese al tiempo transcurrido y a la magnitud de las intervenciones, no se observaban mejoras estructurales en la estabilidad financiera y operativa de esas entidades ni en la prestación del servicio.
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Bajo su gestión, el Fondo DIAN, dos contratos tecnológicos por más de $310 mil millones de pesos. El sistema de gestión aduanera, por 29 millones de dólares, y el software de gestión tributaria, por 45 millones de dólares, no funcionan. Ambos tienen una entrega proyectada hasta 2028, lo que significa que el nuevo gobierno tendrá que asumir costos y falencias.
El Plan de Modernización Tecnológica, con $333.853 millones ejecutados entre 2019-2024 y un avance declarado del 95%, tampoco logró modernizar los sistemas misionales de la entidad, advierte el documento.
Según el informe de empalme, el gobierno Petro reportó un éxito del 95% en papel mientras dejaba una DIAN tecnológicamente paralizada en la realidad.
“Las consecuencias las paga directamente el ciudadano y el Estado. La DIAN es la entidad que recauda los impuestos con los que se financian hospitales, escuelas y vía”, señalan los autores del documento.
Se le cuestiona también un posible mal manejo de la deuda pública al haber elevado el límite de adjudicación por emisión de TES del 50% al 100%, una decisión que habría concentrado la deuda pública en pocos tenedores. Las tasas de colocación, mientras tanto, alcanzaron entre el 13% y el 15%, las más altas de la historia reciente del país. Los vencimientos de esa deuda costosa quedaron para 2026, 2029 y 2030, es decir en los años del gobierno De La Espriella.
General (r.) Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Era el responsable de un proyecto por 6,3 billones de dólares para la creación del Escudo Nacional Antidrones, en momentos en que se presentaban cerca de 9.000 intentos de ataques con drones por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) y 382 ataques con UAS, que dejaron 282 personas afectadas.
Durante su desarrollo habrían campeado problemas tales como reducción de oferentes, inconstancias en la metodología de evaluación y presuntos conflictos de interés, identificados ya por la Contraloría.
El las pruebas de campo los drones de contención solo alcanzaron entre a 300 y 430 metros, cuando los requisitos mínimos exigían como mínimo dos kilómetros. Presentaron además fallas de identificación, georreferenciación e inhibición de drones, con un riesgo operacional crítico.
El Ejército quedaría con un déficit presupuestal de $14 billones y la inmovilización de gran parte de su capacidad aérea: solo 8 de 19 helicópteros MI-17 están operativos y 18 de 49 UH-60 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos.
En la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) 131 de 386 aeronaves no están operativas y solo el 52% está disponible para volar.
“Este debilitamiento -observa el documento del nuevo gobierno- ocurrió mientras el Clan del Golfo pasó de 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 integrantes en 2025, el ELN de 5.800 integrantes en 2022 a 6.800 integrantes en 2025 y el Estado Mayor Central (EMC) de 3.500 a 4.500 integrantes en el mismo periodo”.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Felipe Harman, director de la ANT
Según los tripulantes del “Arca de Noé”, el gobierno Petro convirtió su reforma agraria en una operación de maquillaje estadístico. A través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 (7% de la meta 2022-2026) cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos. En total, 206.273 se entregaron de forma provisional, pero los campesinos que hoy se consideran dueños no cuentan con títulos de respaldo.
La Contraloría corroboró que la Agencia Nacional de Tierras pagó 979.003 millones de pesos por 537 predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que, al 22 de junio de 2026, apenas tres de ellos tenían escritura registrada a favor de la Nación. En otras palabras, el Estado pagó casi la totalidad del dinero, pero no logró consolidar la propiedad de prácticamente ninguno de los predios que compró.
“El costo de esta opacidad lo pagan los campesinos, no el gobierno que se fue”, subraya el documento.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
El Libro de la Verdad asegura que Colombia recibe con un déficit proyectado de energía firme del 4,4% y solo el 15,5% de la nueva generación esperada en operación.
Su observación de apoya en documentos de XM, de acuerdo con los cuales ese déficit de energía y de potencia se presenta justo cuando se prevé El Niño con 100% de probabilidad entre junio y agosto, y 81% de que sea muy fuerte entre octubre y diciembre.
En blanco y negro, de los 4.475 megavatios (MW) esperados en 2026 solo entró el 15,5%, y el 60% de proyectos de transmisión está atrasado. Se suman, siempre según el informe de empalme, el mantenimiento de Guavio (1.260 MW) y Chivor (500 MW), y una demanda que crece 8,8% anual, con 216 desconexiones por sobrecarga entre abril y julio.
En medio de ese panorama Colombia podría no tener suficiente energía para atender la demanda máxima del próximo verano.
Advierte también que, entre abril y julio ya hubo 216 cortes de carga por sobrecarga: una señal de alerta. “El déficit -recalca- nos pone en riesgo de un apagón a finales del primer trimestre y el segundo trimestre de 2027. Los costos para la economía Colombia de materializarse este riesgo sería de 2% del PIB destruido en u periodo de 1 año, es decir 3 billones de pesos mensuales”.
Daniel Rojas, ministro de Educación
El libro narra que, a las puertas de dejar el poder, el gobierno Petro estructuró una contratación por $1,69 billones para implementar el Plan Nacional de Formación Integral (PNFI) y el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI 3.0), con obligaciones que se extienden por 10 vigencias, hasta 2036.
La operación habría sido estructurada en cinco lotes con vigencias futuras comprometidas y un horizonte de ejecución de más de una década y carecería de una fundamentación técnica sólida en cuanto a metas, costos, cobertura, pluralidad real de oferentes, sostenibilidad financiera y mecanismos de seguimiento.
El asunto no es menor porque se trata de una estrategia que involucra a más de 1,16 millones de estudiantes, 110.371 docentes y 9.668 directivos docentes. Por eso comprometer una década de presupuesto reduciría gravemente el margen de decisión de los gobiernos siguientes.
Natalia Molina, directora de Planeación
En una auténtica maratón, El 17 de julio de 2026 el OCAD Paz -bajo la égida de Planeación Nacional- aprobó 98 proyectos por más de $1,7 billones con cargo a la Asignación para la Paz y 57 proyectos adicionales por más de $404 mil millones con cargo al Incentivo a la Producción, para un total cercano a $2,1 billones.
El equipo de empalme estima que el 40% de los proyectos se concentran en ocho empresas públicas, empresas de economía mixta y sociedades (contrataderos), y varias de ellas aparecen de manera reiterada como ejecutoras de múltiples proyectos dentro de la sesión del OCAD Paz.
Recuerdo que los recursos de la Asignación para la Paz y del Incentivo a la Producción son recursos públicos destinados a cerrar brechas sociales, fortalecer los territorios más afectados por el conflicto y financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
“¿Los recursos están llegando a los proyectos que generan el mayor beneficio para las comunidades y los ejecutan las entidades más idóneas?”, se pregunta el documento. El riesgo es que se pierdan recursos destinados a la paz que llegarían a los 2,1 billones de pesos en la actualidad.
La lectura más importante del dossier será la que hagan ahora la Fiscalía y los jueces disciplinarios y fiscales.¨
Hollman Morris, gerente de RTVC
El informe se apoya en una Observación Administrativa de la Contraloría General con posible incidencia disciplinaria, para denunciar que en Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) imperaba la costumbre de hacer adiciones a los contratos que superaban el 50% de su valor inicial.
Al cierre del gobierno Petro, RTVC habría concentrado la firma de 230 contratos por $11.665.154.195 entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, 224 de ellos suscritos con personas naturales).
En este punto el Libro concluye que en los contratos misionales de RTVC, regidos por el derecho privado, lo decisivo no es superar el umbral del 50%: es que cada adición esté individualizada, soportada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar y explicada frente a lo que se planeó.
“Las adiciones de gran magnitud -dicen los autores- pueden convertir un contrato, dimensionado y adjudicado bajo determinadas condiciones de competencia, en un vehículo para ejecutar recursos muy superiores sin abrir un nuevo proceso de selección (…) Esto reduce la transparencia y la posibilidad de obtener mejores ofertas, y aumenta los riesgos de sobrecostos, litigios y observaciones fiscales y disciplinarias”.
