Isadora Fernández hija del famoso penalista Juan Fernández Carrasquilla llega a enfrentar la crisis una crisis crónica en el sistema de provisión de alimentos
Aunque provine de una casa de juristas, Isadora Fernández Posada se decidió por la arquitectura si bien trabajó para la Fiscalía cuando la entidad fue dirigida por Viviane Morales, actual ministra de Educación y una de sus mejores amigas.
Fernández, que acaba de ser nombrada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarias (USPEC), se declara orgullosa de la herencia intelectual de su padre, el penalista Juan Fernández Carrasquilla, fallecido en 2025.
En las tertulias con sus amigos suele recordar que su papá era comparado en los círculos académicos con grandes maestros de las ciencias jurídicas en Alemania como Günter Jakobs y Claus Roxin. También, que era referente en los estudios sobre derechos humanos y que su bien ganado prestigio no sufrió mella cuando ofició, en los años 90, como abogado de capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Para Fernández Carrasquilla -suelen aclarar ella y su familia- su defensa a personajes de esa índole no ocultaba un interés económico, sino que obedecía a sus firmes posturas doctrinales entre las que pregonaba, por ejemplo, que la extradición de colombianos a Estados Unidos estaba prohibida por la Constitución de 1991.
A los círculos de la justicia la aproximaron su formación como especialista en planeación y administración para el desarrollo y sus estudios en contratación estatal, estatuto anticorrupción y elaboración y gestión de proyectos. Esos fueron los méritos reconocidos por la entonces fiscal Viviane Morales cuando, a comienzos de 2011, la nombró directora administrativa y financiera de la seccional Bogotá.
Ese nombramiento no estuvo libre de suspicacias. Los críticos sugirieron que se trataba del pago de un favor personal porque su padre fue también abogado defensor del excongresista Carlos Alonso Lucio, esposo de Viviane Morales. Los cuestionamientos de entonces no tuvieron consecuencia alguna.
Ahora llega al USPEC con la misión de resolver una crisis crónica en el sistema de provisión de alimentos y servicios de salud para los 102.949 internos recluidos en las 124 cárceles que dependen del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).
Su nombre fue acogido sin reservas por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien tiene previsto integrarla al equipo que dirigirá un nuevo enfoque en la política carcelaria del país que será incorporada al Plan Nacional de Desarrollo que irá a consideración del Congreso.
En ese frente hará equipo con el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del INPEC, uno de los pocos funcionarios de la era de Gustavo Petro ratificados. Gutiérrez fue el oficial que coordinó con el entonces presidente electo Abelardo De La Espriella el traslado masivo de 117 jefes de estructuras criminales desde la cárcel La Paz de Itagüí hacia cárceles de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y Tunja.
Isadora Fernández llega a una entidad en crisis. En su Informe de Riesgos 2026 la Unidad devela graves problemas por contratación indebida, ejecución pobre de obras que resultan de mala calidad y problemas sistémicos con la dotación a alimentos y servicios esenciales para los reclusos.
Desde marzo de 2026 la Procuraduría indaga posibles irregularidades en la firma de un contrato con la Unión Temporal Efectiva para la producción de brazaletes electrónicos que permiten hacer seguimiento a presos que tienen beneficios judiciales y están sujetos a un régimen extra mural.
Participará en los proyectos relacionados con la construcción de mega cárceles, uno de las iniciativas bandera del actual gobierno. Entre otros propósitos, el gobierno busca llenar los vacíos dejados por el rezago en la construcción de nuevos establecimientos para hacerle frente al hacinamiento y atender, de manera prioritaria, la seguridad.
Por lo pronto el gobierno contempla dos alternativas: construir las cárceles por cuenta y riesgos del sistema carcelario y penitenciario y hacerlo a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
