Los Parlamentarios Colombianos que fueron denunciados ante los organismos de control, por diversos motivos enmarcados en las protestas y actos de vandalismo adelantados en el denominado “Paro Nacional” y quienes están siendo investigados por estos hechos; pidieron protección ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, ya que sostienen que no cuentan con las garantías de neutralidad de los organismos que adelantan sus procesos y que la Unión Interparlamentaria solicite al Estado Colombiano medidas para que las investigaciones que adelanta la Procuraduría en su contra, se realicen respetando sus garantías constitucionales.
Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla, Jhon Jairo Hoyos, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino -Todos identificados con la Izquierda y algunos muy cercanos con el grupo terrorista FARC- firmaron un documento en el que denuncian ser objeto de señalamientos que los catalogan como incitadores -no solo de las manifestaciones- sino también de los actos terroristas adelantados en ellas, bajo el manto de una protesta social.
En el documento, afirman que “pretenden deslegitimar el ejercicio de su actividad parlamentaria y su defensa de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la ciudadanía” y tildan los hechos, como un ataque de sus contradictores políticos.
Sin embargo, lo que no mencionan es que, en la totalidad de los casos, las denuncias están sustentadas por videos -en muchos casos compartidos por ellos mismos en sus redes sociales- en los que se evidencian las faltas disciplinarias. Por ejemplo, los senadores Arias y López, compartieron en sus redes sociales como intervenían en procedimientos judiciales ante la autoridad policial para que liberaran unos presuntos delincuentes, conducta a todas luces por fuera de su ejercicio parlamentario.
El senador Bolívar, promovió una colecta para dotar a los grupos que actúan por vías de hecho, denominados primera línea, quienes suelen liderar los ataques a la Fuerza e infraestructura pública. En el caso de la Representante Pizarro, existe material en el que se ve como insulta miembros de la policía -que están cuidando las instalaciones de la cámara y el senado- y en el que presuntamente le hace un llamado a la rebelión contra el Estado.
Desde ya han comenzado a tratar de entorpecer el ejercicio de las autoridades que los investigan, aún cuando por la experiencia de nuestro país, este sector político parece no estar cobijado por el ordenamiento jurídico colombiano, pues lo que es regla general es que todos aquellos delitos en los que participan, suelen no ser juzgados nunca.
Corolario: ¿Qué pasó con el proceso del Honorable Representante León Fredy Muñoz del partido verde, quien en junio del 2018 fue detenido en el aeropuerto internacional José María Córdova en posesión de cocaína?
