Tras la reciente victoria de Colombia sobre Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), los pescadores de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés no ven el fallo como el fin de sus problemas.
En un comunicado conjunto emitido el jueves, cuatro asociaciones de pescadores exigieron a Colombia abrir un diálogo con el país centroamericano para abordar problemas transfronterizos que afectan a la soberanía alimentaria y la pesca ilegal en la región.
Los fallos previos de la CIJ en 2012 y 2022 tuvieron un impacto significativo en la comunidad raizal.
El territorio fragmentado tras la primera sentencia dejó en manos de Colombia la soberanía de las islas, pero reconoció a Nicaragua una mayor extensión de zonas marítimas circundantes.
En el segundo fallo, la CIJ encontró que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua al realizar actividades de pesca y patrullaje en áreas ahora reconocidas como nicaragüenses.
El tribunal instó a ambas partes a entablar un diálogo y llegar a un acuerdo.
La comunidad raizal ha enfrentado dificultades para pescar en las zonas que históricamente les pertenecían y que ahora están bajo la jurisdicción de Nicaragua. Además, denuncian la presencia de pesca ilegal en la región.
En su comunicado, las asociaciones de pescadores solicitaron la “integración efectiva de los pueblos afrocaribeños y anglófonos” y la reunificación y ampliación de la Reserva de la Biosfera Seaflower.
Hicieron un llamado a que las fronteras entre estados no se antepongan a las necesidades de los pueblos originarios que habitan la región.
Sin embargo, un diálogo entre ambas partes parece poco probable, a pesar de la exigencia de la CIJ el año pasado.
Colombia ha mantenido una postura firme en cuanto a los límites de su territorio, y Nicaragua no ha mostrado disposición a comprometerse después de sus victorias judiciales.
Aunque los pescadores raizales celebraron el fallo reciente, enfatizaron que aún esperan un diálogo con Nicaragua y una política de integración hacia el Caribe.
También cuestionaron al Estado colombiano por no darles un papel más protagónico en las negociaciones, señalando que sus voces no han sido escuchadas con atención durante los años de litigio.
El Gobierno colombiano ha destacado que el fin de los litigios en la CIJ beneficiará a los raizales y permitirá enfocarse en mejorar sus condiciones de vida.
La vicepresidenta Francia Márquez afirmó que esto abre el camino para abordar asuntos prioritarios como educación, empleo y bienestar en el archipiélago.
El presidente también expresó su compromiso con los raizales y mencionó la necesidad de una confederación de los pueblos anglófonos del Caribe.
Aunque el camino hacia la integración presenta desafíos, la comunidad raizal se muestra optimista ante el fin de la controversia entre Colombia y Nicaragua y espera un futuro de mayor unidad y bienestar en su territorio.
