Estarían comprometidos $2 billones y entre las entidades enredadas están la SAE, la Agencia de Tierras y Desarrollo rural y el Dapre. Vea aquí el Libro completo
El helipuerto del bunker estaba dispuesto, pero el presidente Abelardo De la Espriella decidió hacer por tierra el recorrido del Palacio de San Carlos hasta la sede de la Fiscalía general de la Nación donde este miércoles 18 de agosto -día nacional de la lucha contra la corrupción- presentaría un detallado dossier de los entuertos administrativos que, según él, heredó de su antecesor Gustavo Petro.
Eran las 10:27 de la mañana cuando la caravana, de la que hacía parte también el carro del vicepresidente José Manuel Restrepo, asomó por la carrera 54, el sector del Salitre, y avanzó en medio de un corredor de seguridad protegido por boinas verdes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y por un destacamento integrado por mujeres y hombres del Batallón Guardia Presidencial con fusiles terciados.
No hubo honores ni saludos protocolarios en las puertas ingreso vehicular, no solo por recomendaciones de seguridad, sino porque los ilustres visitantes llegaban sobre el tiempo a un escenario que ya estaba dispuesto en el Auditorio donde la fiscal Luz Adriana Camargo y su equipo esperaban de pie.
La edecán del presidente sacó de su maletín ejecutivo un ejemplar de la Libro de la Verdad, como fue titulado casi a última hora el documento que inicialmente iba a ser llamado Libro Blanco. El cambio fue producto de una discusión en el equipo estratégico de comunicaciones.
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Algunos sostenían que la denominación “libro blanco” sugería un compendio de propuestas y soluciones y que quizá no fuera la más aconsejable porque el ejercicio consistía en poner en conocimiento de las autoridades judiciales hechos presuntamente delictivos, pero en el ámbito del respeto por la independencia de la Fiscalía. Otros consideraban que el concepto podría ser más fácilmente comparable a una “operación de manos blancas”. Ganó la opción de enfatizar en la solidez del documento y llamarlo, sin términos medios, “Libro de la verdad”.
El contenido editorial fue coordinado por el abogado constitucionalista c, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Él mismo se encargó de acopiar buena parte de la información 40 días antes de la posesión presidencial, mientras se desempeñaba como jefe jurídico de la campaña.
El 5 de julio, cuando el acopio era nutrido, el todavía presidente electo anunció públicamente la detección de “cientos de irregularidades”. Por esos mismos días Calderón recibió de manos de congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrática -en vías de declararse partidos de gobierno- un documento de 40 páginas que describía más de 30 irregularidades en el campo de la contratación. Según ellos, el presidente saliente y funcionarios de su confianza hicieron un festín de contratos que menguaron las arcas públicas.
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Antes de presentar formalmente las denuncias, Calderón -al frente del que él mismo denominó un equipo dorado del empalme anticorrupción- llevó cuatro alertas a los órganos de control. Servidores públicos activos, veedores y otras fuentes habían aportados de documentos sobre descalabros administrativos en los que habría terminado convertido un contrato de ciberseguridad por $300.000 millones firmado, en contravía de su razón social, por la agencia Colombia Compra Eficiente.
En lisa de los negocios críticos también figuraba un convenio por $6.435 millones por el ICBF en Chocó, otro por mayor cuantía en Electrohuila y uno más, por $786.000 millones, para una desalinizadora en Santa Marta.
El 5 de agosto, dos días antes de la posesión presidencial, los radicados en la Fiscalía, en la Procuraduría y la Contraloría incluían denuncias contractuales por más de medio billón de pesos.
126 casos para un gran expediente
El presidente De La Espriella habló en el bunker de 126 casos escandalosos que surgieron de una revisión de 22 sectores de la administración pública que sirvió para develar un uso inadecuado de recursos y despilfarro, obras inconclusas, decisiones erradas y apropiaciones indebidas, captura de entidades y aumento injustificado de nóminas y contratos a manos llenas durante los últimos noventa días de la administración Petro.
El dossier se decantó, en principio por 23 casos que seguramente pondrán en calzas prietas a los representantes legales de la época de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, el Dapre, Cenit-Ecopetrol. La Agencia Nacional de Tierras y Fenoge, entre otras entidades.
El primer botón para la muestra está representado en contratos Interadministrativos y convenios marcos firmados entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales por casi un billón de pesos ($979.003 millones, exactamente) para la compra de 537 predios, de los cuales solo tres fueron debidamente escriturados.
Otro capítulo es el de nombramientos provisionales y la firma de contratos a dedo cuyo volumen hay que Leerlo dos veces para asegurarse de que la cifra es correcta: 900.000 contratos, según el vicepresidente Restrepo.
El libro de la verdad es una obra en construcción. Aquí puede consultarlo
