La vocación autoritaria del presidente es el reflejo del proyecto fascista que encarnan sus máximos inspiradores, Donald Trump y Benjamín Netanyahu
Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas
El presidente colombiano ha puesto de presente que uno de sus principales objetivos es desconocer por completo el Acuerdo de Paz de 2016. De hecho, en sus dos primeros meses de gobierno ha ordenado la renovación de las fumigaciones contra los cultivos de uso ilícito, lo cual hace migas el punto cuatro, sobre la sustitución voluntaria de los mismos. Igual, sus ataques contra la JEP, así como su desfinanciación, apuntan al desmonte del punto cinco, sobre víctimas.
Ya su delegado ante Naciones Unidas planteó en Nueva York que la renovación de la Misión de Monitoreo del cumplimento del Acuerdo, excluya de sus funciones lo relacionado con el desarrollo rural, lo que pone de manifiesto su intención de incumplir el punto uno, sobre reforma agraria. Su paralización de todo el tema de paz y la congelación de los recursos de la ARN dan un golpe de gracia al punto tres del Acuerdo, sobre la reincorporación de los firmantes.
Su anuncio de un estatuto antiterrorista que, al libre albedrío del ejecutivo, crea una lista de organizaciones y personas vinculadas al terrorismo, para seguidamente imponerles las más draconianas sanciones, sin intervención de ninguna autoridad judicial que investigue y pruebe tales acusaciones, no sólo constituye una auténtica confesión de su vocación autoritaria, sino que se borra de plano el punto dos del Acuerdo sobre garantías para la participación política.
El punto seis, sobre mecanismos de verificación del cumplimiento de lo acordado, ya está muerto con la desfinanciación de todas las instancias creadas por el Acuerdo para el cumplimiento de su tarea. Es decir, que este gobierno, en apenas nueve semanas, ha echado a la caneca de la basura el resultado del proceso histórico de más de medio siglo que condujo al logro de la solución política al largo conflicto armado entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
El funcionario que eligió para poner al frente de la UNP, entidad que tiene a su cargo la seguridad de los firmantes de paz sobre los que estudios de riesgo han determinado la necesidad de especial protección, cumple la más antisocial masacre laboral en la subdirección creada por el Acuerdo para esa función, a la par que sostiene públicamente las más irresponsables versiones sobre los esquemas asignados, dejando entrever su intención de acabar con ellos.
La inmensa mayoría de escoltas que prestan seguridad a los firmantes provienen de las filas de la antigua insurgencia, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo. Dada la animadversión de este gobierno, es apenas de esperar que está buscando la manera de deshacerse de todos ellos. Dado que un altísimo porcentaje de estos escoltas es personal tercerizado contratado por empresas privadas, es de pensar que por esta vía comenzará la poda.
Recordamos que, desde su misma firma, el Acuerdo de Paz de La Habana ha contado con enemigos declarados. No olvidamos al ministro Londoño destilando su odio en el Congreso de la República, manifestando que había que hacer trizas ese maldito papel. El gobierno de Iván Duque, pese a haber ascendido con esa vocación, y por encima de todas las trabas interpuestas, no tuvo más remedio que admitir que se trataba de una norma superior e inmodificable.
Cuyo cumplimiento podría ralentizarse, pero nunca anularse. El gobierno actual, dando muestra de su abierto desprecio por la juridicidad nacional e internacional, apunta más lejos, a destruirlo por completo. Su campaña contra la JEP y sus decisiones, así como su propósito de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional, apuestan contra el conocimiento de la verdad y por la impunidad total de los agentes estatales y terceros responsables de los peores crímenes en el conflicto.
Del mismo modo que su propósito de impedir definitivamente la aplicación de la Reforma Rural Integral, busca enterrar la posibilidad de que el Estado resarza a sus verdaderos dueños las tierras usurpadas mediante el despojo paramilitar, así como que solucione la histórica inequidad en la propiedad privada de la tierra. Al actual gobierno no le interesa el desarrollo rural, ya está vista su intención de importar los alimentos, como el arroz, y facilitar la inversión israelí en el campo.
La acentuada vocación autoritaria del presidente es el reflejo del proyecto fascista que encarnan sus máximos inspiradores, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La guerra, la ocupación y la destrucción de las naciones, así como el saqueo de los recursos naturales y el agua son parte de ello. El estigma criminal y la persecución judicial y sicarial están en sus cuentas. Corremos el riesgo de caer bajo el yugo de una dictadura civil apoyada desde fuera.
Colombia, el país de la Gaitana, de Bolívar, de Gaitán, de los paros cívicos y los estallidos sociales no puede permitir la imposición de semejante modelo de gobierno. Aquí no prosperan los gorilas. La calle y la movilización popular se encargarán de demostrarlo.
También le puede interesar:
